Una constitución para la supervivencia humanaÂ
Una constitución debe responder a las necesidades de una sociedad en un momento de la historia. Hoy, la humanidad, junto con Panamá, enfrenta una crisis existencial donde la acumulación desenfrenada de capitales amenaza con destruir las condiciones para la vida humana y de la naturaleza. Estamos secuestrados por una avaricia ciega que pretende un crecimiento infinito dentro de un planeta finito, desbordando irracionalmente la capacidad de la tierra para sostenernos. Aunque somos conscientes de que caminamos hacia el suicidio colectivo de la especie, no hemos podido controlar las fuerzas destructivas desatadas, encontrándonos presos de poderes que no responden a la voluntad democrática de los pueblos.
La crisis que sufrimos en Panamá nace con la insostenibilidad del modelo de paÃs transitista, que vende la posición geográfica al mejor postor concentrando las rentas del tránsito en una poderosa oligarquÃa, a costa del sacrificio de comunidades y ecosistemas. La población es empujada a sobrevivir precariamente, pagando con sus vidas el enriquecimiento de los nuevos dueños del Canal, con los poderes públicos capturados y corrompidos por los intereses económicos que están llamados a controlar.
Ante el inminente colapso, urge un proceso constituyente originario que restituya la soberanÃa al pueblo, para refundar al Estado acorde a las necesidades del siglo XXI de justicia social y ambiental, liberando a las instituciones de los poderes corruptores y democratizando la gestión de lo público, poniendo la posición geográfica al servicio de un futuro posible para la vida.
Las reformas cosméticas y cobardes propuestas por la Concertación Nacional no responden a los conflictos profundos que enfrentamos. Son una agenda impuesta desde los organismos financieros internacionales para promover los intereses de los mercados en desmedro de la población, blindando constitucionalmente el clima óptimo para el saqueo.
La oligarquÃa panameña tiene que limpiar su imagen tras el escándalo de los papeles de Panamá, para atraer capitales no dispuestos a pagar el precio reputacional de invertir en el paÃs. Eso requiere extirpar los elementos más incómodos y chabacanos del Estado, asegurando órganos más aristocráticos, y, por ende, presentables. Quieren asegurar que las leyes les sean confiables a los capitales, libres de la pequeña corrupción chantajista de magistrados y diputados, que extraen sobornos de los grandes a cambio de proteger sus intereses. Las reformas priorizan el tema de la justicia, pero desde la óptica de garantizar las ganancias, no los derechos humanos.
Desde la propuesta para crear un tribunal constitucional y ternas para la escogencia de magistrados, hasta modificar las reglas para elegir a los diputados y permitir su investigación por la procuradurÃa, junto a una serie de enunciados vacÃos sin mayor trascendencia, las reformas son un mero reacomodo de los viejos poderes dentro de nuevas reglas para complacer a los mercados. No alteran el problema de fondo: un Estado capturado por los dueños del poder, que compran presidentes, diputados y magistrados, los representantes del poder, para que gobiernen, pasen leyes y emitan fallos en función de armarles negocios a expensas de nuestros bienes comunes. Es la gran corrupción constitucionalizada, legalizada e institucionalizada que estas reformas refuerzan.
Una nueva constitución no es el resultado de un acuerdo unánime tibio o una mesa técnica de notables, es la victoria de un proyecto de paÃs en una batalla de ideas. La constituyente es el espacio de enfrentamiento entre dos visiones que se disputan el futuro: la conservación del régimen oligárquico, o su transformación al servicio de la vida.El método de un cambio constitucional diseñado en la Concertación Nacional, modificado por el Legislativo, y votado en referéndum, carece de legitimidad. Quieren que ratifiquemos con el voto popular la agenda de los poderes establecidos, avalada previamente por el filtro de sus organizaciones gremiales y sociales. Esto les permite recomponer el modelo para salvarlo, diluyendo el descontento social por la vÃa electoral. Quieren cambios impuestos desde arriba, pero un proceso constituyente verdadero solo puede nacer abajo, cuando quienes son vÃctimas del sistema se convierten en los protagonistas de las transformaciones.
Una constitución organiza el poder, determinando quién decide sobre los bienes comunes de una sociedad, y, por ende, quién tiene derechos reales sobre esos bienes. No hay derechos sin el poder para hacerlos efectivos. Por eso, ante un paÃs donde el poder tiene dueños, el único derecho que se observa es el de la apropiación. Panamá tiene un Estado liberal oligárquico, un paradigma anquilosado del siglo XIX que reconoce solamente la libertad del más fuerte, donde una minorÃa concentra el poder polÃtico y económico, doblegando toda la institucionalidad a la voluntad del dinero. No existen los derechos sociales y ambientales en Panamá, solo el derecho de hacer negocios explotando las necesidades de las personas y la naturaleza.
Necesitamos una constitución visionaria y valiente para el siglo XXI, que refunde los poderes públicos sobre el principio de la supremacÃa de la vida por encima del capital, organizando un nuevo orden constitucional para el bien común, que aspire a construir equilibrios entre el ser humano y la naturaleza. Su premisa debe ser la democratización del control sobre la gestión pública, subordinando a los tres poderes tradicionales del Estado a un nuevo poder distribuido entre la sociedad y comunidades, que empodera a la ciudadanÃa para participar como protagonista en la planificación de un futuro para la vida en común.
Ese poder participativo es la base desde el cual garantizar los derechos humanos y derechos de la naturaleza, como paradigmas emancipatorios complementarios. Derechos humanos que se materializan a través de servicios públicos universales, un régimen económico solidario de cooperación en la producción y distribución de la riqueza, una administración pública radicalmente transparente con acceso absoluto a la información, y la interculturalidad como reconocimiento de la diversidad humana. A su vez, los derechos de la naturaleza implican una relación armoniosa con los ecosistemas, donde nunca extraemos más de la tierra que lo que está puede reponer, valorando como sagrada la biodiversidad, uso exclusivo de energÃas renovables y ordenando los territorios alrededor del agua.
Esa constitución debe plantearse cumplir el sueño histórico de democratizar la gestión del Canal, superando al enclave oligárquico sucesor del protectorado estadounidense, poniendo la posición geográfica en manos del soberano y al servicio del bien común de la humanidad. Es constitucionalizar un nuevo papel para Panamá en el mundo, rompiendo con la falsa neutralidad para tomar postura por la supervivencia humana, asumiendo nuestro destino como centro anfictiónico que promueve la superación de los grandes conflictos globales: las desigualdades, el cambio climático y la guerra.
