La doctora Aracelly De León, directora del Instituto de la Mujer y la Unidad de Protección (IMUP), fue una destacada participante en la presentación del “Protocolo sobre Acceso a la Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia Basada en Género con Énfasis en Mujeres Indígenas y Migrantes”. El evento en el Instituto Superior de la Judicatura de Panamá del Órgano Judicial.

Este protocolo, resultado de un esfuerzo conjunto entre la Unidad de Acceso a la Justicia y Género del Órgano Judicial y expertos en violencia de género, se posiciona como una herramienta crucial para servidores públicos y profesionales comprometidos en combatir la violencia de género, centrándose especialmente en mujeres indígenas y migrantes.

La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López Arias, la magistrada Ángela Russo de Cedeño, encargada de la Unidad de Acceso a la Justicia y Género, y la ministra de la Mujer, doctora Juana Herrera, estuvieron presentes, destacando la importancia de este protocolo en la lucha contra la violencia de género.

El protocolo aborda la cruda realidad de que muchas mujeres migrantes son víctimas de violencia, especialmente durante su tránsito por la selva de Darién. En el año 2023, alrededor de 500 mil personas atravesaron esta selva. El documento se presenta como una creación de un glosario que incluye normas nacionales e internacionales relacionadas con la violencia de género, proporcionando así una base sólida para abordar los casos de violencia contra las mujeres.

Este evento no solo destaca la importancia de abordar la violencia de género, sino que también subraya la necesidad de enfoques específicos para mujeres indígenas y migrantes, reconociendo sus circunstancias únicas. Las imágenes capturadas por el Órgano Judicial de Panamá documentan este paso significativo en la protección y acceso a la justicia para las mujeres más vulnerables.

El contenido de este material pretende ser una herramienta para el tratamiento de casos de violencia contra la mujer por razones de género en Panamá. La actuación de los operadores jurídicos durante todo el proceso judicial deberá responder a estándares internacionales mínimos que, con perspectiva de género, promueven que el Estado cumpla con sus obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos de las personas, en este caso, de las mujeres a vivir libres de violencia y a tener acceso a la justicia en caso de ser víctimas de violencia.