En un movimiento unánime, la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional aprobó la creación de una subcomisión para analizar en profundidad el proyecto de ley 83, que busca establecer el principio de la no reelección inmediata para el cargo de rector en las universidades oficiales de Panamá. Esta subcomisión estará integrada por los diputados Gertrudis Rodríguez, Ariana Coba e Isaac Mosquera, quienes tendrán la tarea de evaluar los alcances y posibles implicaciones de la iniciativa legislativa.

El rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores Castro, manifestó su preocupación por los efectos que esta norma podría tener en la estabilidad institucional de la educación superior. Argumentó que universidades de prestigio internacional, como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Salamanca, permiten la reelección inmediata, lo que contribuye a la continuidad y fortalecimiento de sus planes académicos y administrativos. En sus declaraciones, el rector enfatizó que, de aprobarse esta medida, sería coherente que se extendiera a otros cargos de elección popular, como diputados, alcaldes y representantes.

El proponente del proyecto, el diputado Ernesto Cedeño, defendió la iniciativa señalando que su objetivo es evitar la concentración del poder y fomentar la renovación en la gestión universitaria. Según Cedeño, la propuesta no solo aplica a los rectores, sino también a decanos, vicedecanos y directores de los centros regionales universitarios, con el fin de prevenir la instauración de estructuras autoritarias dentro de las instituciones educativas. Además, sostuvo que la medida garantizaría mayores oportunidades para nuevos liderazgos en la academia.

El debate en la Asamblea Nacional ha generado una fuerte reacción dentro del ámbito universitario. El profesor José Álvaro, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá (APUDEP), calificó la propuesta como una amenaza a la autonomía universitaria y afirmó que las decisiones sobre la elección y reelección de sus autoridades deben ser tomadas por la propia comunidad académica, sin injerencia legislativa. En este sentido, instó a los diputados a respetar la independencia de las universidades y a priorizar políticas que realmente fortalezcan el sistema educativo panameño.

Ante la controversia, la presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, Lilia Batista, anunció la convocatoria de expertos, incluyendo representantes de la Procuraduría de la Administración, para nutrir el debate con distintos enfoques jurídicos y académicos. Con el análisis en curso y las posiciones encontradas, la discusión sobre la reelección de las autoridades universitarias promete continuar siendo un tema de alto interés en la agenda legislativa y académica del país.