En el marco del Miércoles Universitario número 58, la Universidad de Panamá fue escenario del foro titulado “La verdad detrás de los Acuerdos”, convocado por el grupo Mujeres por la Soberanía. El evento reunió a destacados juristas, académicos y defensores de los derechos nacionales, quienes analizaron las implicaciones del reciente memorando de entendimiento entre Panamá y Estados Unidos. La profesora Claudia Figueroa moderó el encuentro, que abordó temas como la seguridad nacional, el Canal de Panamá y la legalidad del acuerdo internacional firmado sin la debida consulta ciudadana.

El rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores Castro, también se dirigió a los presentes, reafirmando el compromiso de la institución con la defensa de la soberanía nacional. “La Universidad de Panamá no puede ser indiferente ante hechos que comprometen nuestra independencia y seguridad. Nuestra misión, heredada del doctor Octavio Méndez Pereira, es ser la conciencia crítica del país”, sostuvo. Flores también respondió a señalamientos recientes de sectores oficiales que acusan a la universidad de ser un espacio de rebeldía, afirmando que es un orgullo seguir ese legado cuando se trata de defender a la patria.

La jurista Graciela Dixon destacó la responsabilidad histórica de la Universidad como conciencia crítica del país. Durante su intervención, explicó los principios del Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá, firmado en 1977, el cual prohíbe la militarización del istmo y garantiza el tránsito libre de embarcaciones de todo el mundo. Según Dixon, el memorando vulnera dicho tratado y pone en peligro la neutralidad del canal y la seguridad del país.

Dixon alertó que permitir presencia militar extranjera y el almacenamiento de materiales bélicos en territorio panameño contradice el artículo 5 del tratado. Añadió que, de concretarse el acuerdo, Panamá podría convertirse en objetivo militar en futuros conflictos que involucren a Estados Unidos, lo que pone en entredicho los principios de soberanía y paz que el país ha defendido durante décadas.

Por su parte, el doctor Víctor Vega, experto en derecho marítimo, analizó el concepto de libertad de navegación desde una perspectiva histórica y jurídica. Recordó que esta figura fue defendida desde el siglo XVII por Hugo Grocio y retomada por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Explicó que el Canal de Panamá, aunque artificial, está sujeto a las mismas normas internacionales que protegen la libre navegación y prohíben su uso con fines militares.

Vega ofreció un análisis comparativo entre el Canal de Suez y el Canal de Panamá, señalando cómo la ambigüedad de tratados firmados por Estados Unidos ha permitido en el pasado interpretaciones que contradicen el espíritu de desmilitarización. Alertó sobre el enfoque anglosajón al derecho, que justifica acciones contrarias a tratados internacionales mediante discursos ambiguos, una práctica que, dijo, se repite con el nuevo memorando.

El abogado Benjamín Solís, con 25 años de experiencia en litigios constitucionales, informó que presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el acuerdo. Señaló que el memorando otorga de facto territorios panameños recuperados, como bases militares y aeropuertos, al Departamento de Defensa de Estados Unidos, sin aprobación de la Asamblea Nacional ni publicación en Gaceta Oficial, lo que representa una grave violación al orden jurídico nacional.

Solís denunció que el documento permitiría la presencia de personal militar y contratistas extranjeros, cediendo así la soberanía jurídica y territorial de Panamá. Recalcó que la Corte Suprema de Justicia admitió su demanda el pasado 15 de febrero y llamó a la ciudadanía a ejercer presión legal y social para frenar el avance de este acuerdo. “Esta lucha es también por respeto a nuestra memoria histórica”, afirmó.

Durante su intervención, Solís criticó la falta de transparencia con la que se ha manejado el memorando, acusando al gobierno actual de actuar con soberbia e ignorar los riesgos que representa. Advirtió que, de ejecutarse este documento, Panamá perdería el control sobre decisiones clave en su territorio, incluyendo la jurisdicción legal en caso de conflictos con contratistas o personal militar estadounidense.

El foro fue transmitido en vivo a través de YouTube de la Vicerrectoría de Extensión y seguido por internautas desde distintos países. Esta difusión internacional reafirma, según los organizadores, el papel de la Universidad de Panamá como bastión de pensamiento crítico y defensa de los intereses nacionales. La jornada concluyó con un llamado colectivo a la defensa activa de la soberanía panameña y al rechazo de cualquier acuerdo que menoscabe la dignidad y autonomía del país.