La Defensoría de los Derechos de los Universitarios de la Universidad de Panamá emitió una enérgica denuncia pública tras los hechos ocurridos el lunes 2 de junio de 2025, cuando unidades de la Policía Nacional emplearon fuerza desproporcionada para reprimir protestas estudiantiles en el Campus Octavio Méndez Pereira. Según el comunicado, el uso del vehículo antimotines conocido como “El Pitufo” —símbolo de represión en épocas dictatoriales— impactó directamente el edificio F1 de la Facultad de Medicina, dañando ventanas, equipos de alto valor y poniendo en riesgo laboratorios esenciales para la formación médica nacional.

El incidente, que incluyó la posible dispersión de gases en zonas con reactivos inflamables y material delicado, puso en peligro a la comunidad universitaria y zonas aledañas. La Defensoría calificó estas acciones como una grave afrenta a la autonomía universitaria y a la integridad de quienes hacen vida académica en el recinto, subrayando que la Universidad de Panamá es un espacio de ciencia, pensamiento crítico y servicio al país, no un campo de batalla.

A pesar de las secuelas físicas y psicológicas de la agresión, la resistencia estudiantil y docente se mantuvo firme. La Defensoría advirtió que evalúa presentar una denuncia formal ante la Policía Nacional por la reiterada vulneración de derechos universitarios, citando antecedentes recientes de agresiones policiales, entre ellas el impedimento de salida de estudiantes en enero, ingreso no autorizado de agentes en febrero y entrada ilegal de unidades policiales en el campus en mayo.

El comunicado, firmado por el profesor Gilberto Marulanda, defensor de los derechos universitarios, hace un llamado urgente al director de la Policía Nacional para evitar la criminalización de la protesta y optar por el diálogo como vía legítima y democrática. Asimismo, reafirma la solidaridad irrestricta con la Facultad de Medicina y la comunidad universitaria, exigiendo respeto y responsabilidad frente a la agresión.

La Universidad de Panamá, en sesión de Consejo Académico, reiteró su vocación democrática y su disposición a servir como facilitadora de un diálogo nacional, rechazando la normalización de la violencia institucional y defendiendo el derecho a educar, pensar y disentir en libertad.