La Defensoría de los Derechos de los Universitarios denunció este martes el uso desproporcionado de la fuerza por parte de unidades de la Policía Nacional durante las manifestaciones registradas el 2 de junio en el Campus Octavio Méndez Pereira de la Universidad de Panamá.

Según el comunicado emitido, agentes policiales ingresaron a los predios universitarios y utilizaron el vehículo antimotines conocido como “El Pitufo” para dispersar a los manifestantes. El ataque se dirigió directamente contra el edificio F1 de la Facultad de Medicina, causando daños en al menos siete ventanas y afectando equipos científicos de alto valor, entre ellos un carro metabólico utilizado para actividades de investigación.

La Defensoría alertó que los chorros a presión y la posible dispersión de gases pusieron en riesgo la seguridad de quienes se encontraban en el segundo piso del edificio, donde se almacenan reactivos inflamables y material biológico sensible. Los departamentos de Fisiología Humana, Microbiología Humana y Bioquímica y Nutrición se vieron afectados, comprometiendo espacios esenciales para la formación médica del país.

El profesor Gilberto Marulanda, defensor universitario, calificó el hecho como una grave afrenta a la autonomía universitaria y una amenaza a la integridad de la comunidad académica. A pesar de lo ocurrido, las clases en la Facultad de Medicina se reanudaron con normalidad al día siguiente, lo que fue reconocido como una muestra de compromiso y resistencia por parte del estudiantado.

La Defensoría también informó que evalúa presentar una quinta denuncia formal contra la Policía Nacional por la vulneración de derechos universitarios, en el marco de una serie de hechos similares ocurridos en lo que va del año. Entre ellos, se destaca el impedimento de salida a estudiantes en el Campus Central el 31 de enero, el ingreso no autorizado de un agente uniformado al Domo universitario el 6 de febrero para aprehender a un estudiante, la instalación de un retén ilegal en el Campus Harmodio Arias Madrid el 29 de abril, y la entrada de unidades Lince al mismo campus Octavio Méndez Pereira el pasado 7 de mayo.

Ante estos hechos, la Universidad de Panamá reiteró su vocación democrática. El Consejo Académico, durante su reunión del 26 de mayo con motivo del 90º aniversario del decreto fundacional y del 60º aniversario del Pacto de la Colina, manifestó su disposición para servir como facilitadora de un diálogo nacional que conduzca a soluciones pacíficas y consensuadas. Esta postura fue presentada públicamente el 28 de mayo en una conferencia de prensa celebrada en el Auditorio José Dolores Moscote.

La Defensoría hizo un llamado al director de la Policía Nacional a cesar la criminalización de la protesta y a priorizar el diálogo como vía legítima para la resolución de los conflictos. “Lo que está en juego no son solo paredes ni equipos. Está en riesgo el derecho fundamental a educar, pensar y disentir en libertad”, expresó Marulanda.

La Universidad de Panamá reitera que continuará con sus labores académicas y exigirá respeto a su autonomía institucional y a los derechos de toda su comunidad.