La Universidad de Panamá enfrenta una crisis crítica en sus cafeterías debido a trabas burocráticas impuestas por la Contraloría General de la República, que han provocado una paralización en las contrataciones y el desabastecimiento de insumos esenciales. Esta situación amenaza con dejar sin servicio a las cafeterías en los próximos días, afectando directamente a miles de estudiantes y comunidades vulnerables que dependen de estos servicios para su alimentación diaria.

El profesor José Álvaro, en declaraciones al programa de Julio Miller, destacó que esta crisis no solo afecta la alimentación estudiantil, sino que también pone en riesgo la estabilidad académica y social de la universidad. “La universidad debe ser un espacio de pluralidad y pensamiento crítico, y parte fundamental de ello es garantizar que los servicios básicos, como las cafeterías, funcionen adecuadamente para que los estudiantes puedan concentrarse en su formación”, señaló Álvaro.

Además, el docente hizo un llamado urgente a la Contraloría para entablar un diálogo abierto y constructivo que permita superar las trabas burocráticas que han paralizado las contrataciones y la adquisición de insumos. “Es necesario que exista una comunicación fluida entre la universidad y la Contraloría para encontrar soluciones que no perjudiquen a la comunidad universitaria ni a las comunidades marginadas que dependen de estos servicios”, agregó.

La centralización del control fiscal por parte de la Contraloría ha generado una parálisis administrativa que afecta no solo a las cafeterías, sino también a otros servicios esenciales dentro de la universidad. El Centro Regional Universitario de San Miguelito, por ejemplo, enfrenta dificultades para operar debido a la falta de materiales y la paralización de reparaciones en sus instalaciones, lo que agrava aún más la situación.

Por otro lado, la crisis financiera que atraviesan las cafeterías pone en riesgo la alimentación diaria de miles de jóvenes en un contexto social ya complejo. La universidad ha hecho un llamado para que se reconozca su papel fundamental en la sociedad y se brinde el apoyo necesario para evitar que estos servicios se vean interrumpidos, especialmente en comunidades vulnerables que dependen de ellos.

El profesor Álvaro también expresó preocupación por propuestas recientes que podrían afectar los salarios de los profesores, lo que podría paralizar la actividad académica. “No podemos permitir que esta crisis administrativa se traduzca en un detrimento de la calidad educativa ni en la precarización de quienes hacen posible la formación de nuestros estudiantes”, afirmó.

Finalmente, el académico reiteró que la Universidad de Panamá no es enemiga del gobierno ni de la Contraloría, sino una institución clave para el desarrollo nacional que debe ser vista como un facilitador en la búsqueda de soluciones a la crisis actual. “Esperamos que se abra un espacio de diálogo y colaboración para superar estos obstáculos y garantizar que la universidad continúe cumpliendo su misión social”, concluyó.