La libertad de prensa ya no siempre se rompe con violencia visible. A veces se dobla, se tensa, se desgasta. No hay disparos, pero sí consecuencias. No hay censura explícita, pero sí silencios cada vez más frecuentes. Ese es el clima que define hoy al periodismo en gran parte del mundo: uno donde informar sigue siendo posible, pero cada vez más costoso.

Los diagnósticos globales coinciden en algo inquietante: la caída no es solo cuantificable, es estructural. Más de la mitad del planeta vive bajo condiciones adversas para ejercer el periodismo, y lo más revelador es que ese deterioro ya no distingue entre democracias y regímenes autoritarios. La violencia sigue existiendo, pero ha dejado de ser el único lenguaje del poder. Ahora se suman otros, más sofisticados: procesos judiciales largos, presión económica, descrédito sistemático, bloqueo de información. Reporteros Sin Fronteras advierte que el mundo atraviesa su peor momento en 25 años y que la “criminalización del periodismo” se ha convertido en una de las amenazas centrales.

No es una censura que prohíbe; es una que desgasta. Que obliga a pensar dos veces antes de publicar. Que convierte cada investigación en un riesgo calculado. Y en ese cálculo, muchas historias simplemente dejan de contarse.

En ese escenario, la legalidad se ha convertido en herramienta. Demandar, investigar al periodista, someterlo a procesos: todo dentro del marco institucional. No para necesariamente ganar, sino para cansar. Para advertir. Para marcar límites invisibles. La censura contemporánea no necesita ocultarse; le basta con parecer legítima.

Panamá: una mejora en el ranking, una alerta en la realidad

En la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2026, Panamá se ubica aproximadamente en el puesto 65 de 180 países, dentro de la categoría de situación “problemática”.

A primera vista, el dato puede parecer moderado: no es una crisis, no es un colapso, no es un país en rojo. Pero precisamente ahí está el punto. Panamá no está entre los peores, pero tampoco entre los más libres. Está en esa franja incómoda donde la libertad existe, pero no se consolida.

Ese resultado traduce algo muy concreto:
Panamá es un país donde se puede hacer periodismo, pero no sin fricciones, no sin costos y no sin riesgos indirectos.

La clasificación de Reporteros Sin Fronteras no solo mide violencia, sino cinco dimensiones: contexto político, marco legal, entorno económico, clima social y seguridad. Y es justamente en esos factores donde Panamá revela sus tensiones:

• Un marco legal que permite demandas recurrentes contra periodistas
• Un entorno económico que debilita la independencia de los medios
• Un clima político donde el poder responde con presión, no siempre con transparencia.

No es casualidad. A nivel global, el propio informe advierte que el mayor deterioro está ocurriendo en el ámbito legal, donde las leyes se utilizan para limitar la labor periodística.

Panamá encaja en ese patrón.

Porque aquí la censura rara vez es frontal. Es estratégica. Se manifiesta en procesos judiciales, en tensiones con figuras de poder, en el peso económico que recae sobre los medios. No impide publicar, pero condiciona. No prohíbe, pero encarece.

Y eso tiene una consecuencia directa: la autocensura deja de ser una decisión y empieza a ser una reacción.

Panamá, entonces, no está en crisis, pero sí en una zona de vulnerabilidad. Su posición en el ranking no es una garantía; es un diagnóstico. Refleja un país que ha mejorado en comparación con otros, pero que aún no logra blindar su libertad de prensa frente a las presiones contemporáneas.

La pregunta ya no es si existe libertad de prensa. Es cuánto resiste. Cuánto aguanta antes de ceder. ¿Cuánto puede tensarse sin romperse?

Porque cuando informar sigue siendo posible, pero empieza a ser costoso, el problema ya no es visible.

Y ese tipo de problemas —los que no hacen ruido— son los que más tarde se reconocen, cuando ya han hecho su trabajo.

La autora es Periodista