Con el escándalo de los diplomas falsos dentro del sistema educativo, quedó demostrado que mientras unos hablaban de excelencia, otros estaban haciendo fiesta con la corrupción y el juega vivo.

Lo que está saliendo a la luz no es cualquier cosa. Estamos hablando de docentes y funcionarios que supuestamente lograron entrar al sistema, conseguir nombramientos, ascensos y hasta mejores salarios utilizando títulos falsificados, maestrías inexistentes y documentos alterados. Y lo más indignante no es solamente que alguien haya falsificado un diploma; lo realmente grave es que el sistema completo aparentemente se lo tragó sin hacer preguntas.

Entonces la pregunta que muchos panameños se hacen es sencilla: ¿dónde estaban los controles?, ¿quién revisaba esos papeles?, ¿cómo una persona con estudios falsos pudo pasar por tantos filtros sin que nadie se diera cuenta? Porque aquí no estamos hablando de un certificado cualquiera impreso en una esquina. Estamos hablando de expedientes que tuvieron que pasar por oficinas, revisiones, validaciones y procesos administrativos. Y cuando un fraude se mantiene durante años, ya no se puede hablar solo de descuido; aquí también puede haber negligencia, silencio conveniente o complicidad.

Y seamos sinceros, en Panamá hay demasiada cultura del “eso déjalo así”. Mucha gente vio irregularidades y prefirió mirar para otro lado. Mientras tanto, miles de profesionales que sí estudiaron de verdad, que sí pagaron matrículas, hicieron sacrificios y pasaron noches enteras preparándose, quedaban desplazados por personas que posiblemente subieron posiciones usando trampas. Eso no solo es corrupción; eso es robarle oportunidades a quienes sí hicieron las cosas bien.

Por eso este caso no puede terminar únicamente con unas cuantas renuncias y un par de titulares en televisión. Aquí tiene que haber una auditoría seria y profunda. Y no solamente en MEDUCA. También hay que revisar universidades públicas y privadas, bancos de datos ordinarios, programas de maestrías, certificaciones, validaciones académicas y hasta los mecanismos internos con los que se otorgan puntos para concursos docentes.

También sería importante investigar si dentro de algunas universidades hubo profesores, administrativos o autoridades que facilitaron procesos irregulares. Porque si aparecieron maestrías inexistentes y certificaciones dudosas, alguien tuvo que firmar, registrar, validar o permitir que eso circulara. Y el país merece saber quiénes fueron responsables.

Lo más triste de todo esto es el daño que se le hace a la educación panameña. Porque cuando un estudiante se sienta frente a un docente, se supone que está frente a una persona preparada, capacitada y formada legítimamente. Si el sistema permite que entren personas con títulos falsos, entonces se está jugando con el aprendizaje de miles de estudiantes y con el futuro del país.

Panamá necesita dejar de normalizar el juega vivo. La corrupción no solamente está en los grandes contratos o en la política; también está en las pequeñas trampas que la sociedad tolera todos los días. Y cuando esa mentalidad entra al sistema educativo, el daño es todavía peor, porque se destruye el valor del mérito, del esfuerzo y de la preparación honesta.

Este escándalo tiene que marcar un punto de quiebre. El país necesita una limpieza completa, caiga quien caiga. Sin padrinos políticos, sin favores y sin proteger a nadie. Porque si permitimos que la corrupción siga infiltrándose en la educación, no solamente se falsifican diplomas; se falsifica también el futuro de Panamá.

El autor es Periodista