En Panamá, como en muchas otras partes del mundo, la inteligencia artificial ha comenzado a ocupar un lugar cada vez más visible en la comunicación pública. Se usa para redactar textos, proponer mensajes, resumir documentos, diseñar piezas para redes sociales, organizar ideas para discursos e incluso preparar intervenciones para actos oficiales. Su presencia ya no es una posibilidad futura, sino una realidad concreta. Sin embargo, una cosa es aprovechar una herramienta útil y otra muy distinta, delegar en la máquina funciones que exigen criterio, sensibilidad y responsabilidad.

La inteligencia artificial puede ayudar. Puede acelerar procesos, ofrecer borradores iniciales, corregir errores formales y facilitar tareas repetitivas. En oficinas públicas, departamentos de comunicación, medios y campañas, esto representa una ventaja evidente. Ahorrar tiempo en ciertas labores permite concentrarse en otras de mayor complejidad. Desde ese punto de vista, negarse por completo a usarla sería poco realista. El problema no está en la herramienta, sino en el modo en que se emplea.

Lo preocupante aparece cuando se pretende sustituir con automatización lo que debe pasar por la inteligencia, la experiencia y la conciencia de una persona. La comunicación pública no consiste solamente en “producir contenido”. Comunicar desde una institución, desde un medio o desde un espacio político implica comprender contextos, valorar consecuencias, reconocer matices y asumir responsabilidades. Ningún sistema automatizado puede responder moralmente por un mensaje mal emitido, por una interpretación equivocada o por un contenido insensible ante una situación delicada. Esa responsabilidad sigue siendo humana.

En Panamá ya pueden observarse usos poco cuidados de estas tecnologías. Se ven textos institucionales con una redacción artificial, fría, sobrecargada y ajena al modo natural de hablarle a la ciudadanía. También circulan piezas promocionales para actos importantes con imágenes generadas por inteligencia artificial que delatan sus errores de proporción, su estética genérica o su desconexión con la identidad visual de la institución. En vez de fortalecer la comunicación, esos productos terminan proyectando improvisación, descuido o falta de autenticidad.

El problema se vuelve más serio cuando, en eventos relevantes, alguien lee discursos o presentaciones construidos casi por completo por una máquina, sin revisión crítica ni apropiación real del contenido. A veces no solo se nota la artificialidad del lenguaje, sino que incluso se percibe que quien habla no domina lo que está diciendo. En casos extremos, pareciera que no se preparó un mensaje, sino que simplemente se copió un resultado automático. Eso debilita la credibilidad del emisor y empobrece el valor público del acto comunicativo.

La comunicación pública no puede reducirse a rapidez, apariencia o conveniencia. Un texto institucional debe responder a una intención clara. Un comunicado debe medir su impacto. Un mensaje dirigido a la ciudadanía debe considerar el momento, el tono y la responsabilidad de quien lo emite. Un diseño para una fecha conmemorativa, una campaña de prevención o un acto oficial no puede resolverse con plantillas impersonales o imágenes espectaculares pero vacías. Lo público exige cuidado porque habla en nombre de todos o ante todos.

Conviene decirlo con claridad: la inteligencia artificial nunca sustituirá plenamente al ser humano en la comunicación pública porque el ser humano no solo redacta o diseña; también interpreta, duda, corrige, jerarquiza, evalúa y responde éticamente por lo que comunica. Puede que una aplicación escriba un párrafo con rapidez, pero no sabe realmente lo que significa una crisis nacional, una tragedia comunitaria, una ceremonia solemne o una memoria histórica. Puede proponer frases, pero no posee prudencia. Puede imitar estilos, pero no tiene conciencia.

Eso no significa que deba ser rechazada. Al contrario, bien utilizada puede convertirse en una aliada valiosa. Puede servir como apoyo para ordenar ideas, explorar versiones preliminares, comparar enfoques, agilizar procesos internos o mejorar ciertos aspectos técnicos del trabajo. El punto decisivo es que su uso debe estar subordinado al juicio humano. La última palabra no puede recaer en el sistema, sino en la persona responsable del mensaje.

Panamá necesita avanzar hacia una cultura de uso ético de la inteligencia artificial en la comunicación pública. Eso implica formar a funcionarios, comunicadores, periodistas, diseñadores y equipos institucionales para que sepan cuándo usarla, cómo usarla y, sobre todo, cuándo no depender de ella. También supone establecer criterios mínimos de revisión, verificación, pertinencia y transparencia. No todo contenido automático es aceptable solo porque luce moderno o porque ahorra tiempo. La formación ética debe comenzar en el aula, en el uso cotidiano del celular y en los hábitos más básicos de relación con la tecnología: por ahí se empieza.

La fascinación tecnológica no puede hacernos olvidar algo elemental: comunicar bien sigue siendo un acto profundamente humano. Requiere pensamiento, sensibilidad social, conocimiento del contexto y responsabilidad frente al otro. Allí radica la diferencia entre informar y simplemente llenar espacios; entre representar a una institución con seriedad o dejarla en manos de fórmulas sin alma.

La inteligencia artificial puede ser una gran asistente. Puede facilitar tareas y acompañar procesos. Pero no reemplaza la conciencia, ni la ética, ni el criterio. En comunicación pública, esas tres cosas no son adornos: son la base. Y mientras lo público siga exigiendo responsabilidad, la voz humana seguirá siendo insustituible.

 Los autores son Roberto Antonio Pinto Rodríguez, Doctor en Ciencias de la Comunicación Social y profesor de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá, especialista en medios de comunicación y cultura; y Arturo Coley Graham, catedrático de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá y doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, España.