Panamá tiene que dejar de mirar el fenómeno de las pandillas como si fuera un problema encerrado en barrios ajenos. Esa es una de las grandes mentiras cómodas del país: creer que la violencia solo ocurre “allá”, lejos de las torres, lejos de los centros financieros, lejos de los discursos oficiales y de los informes que hablan de crecimiento económico mientras muchas comunidades sobreviven en estado de abandono.

La pandilla no nace de la nada. No aparece por generación espontánea. No se instala en un territorio solo porque un grupo de jóvenes decidió desafiar la ley. La pandilla encuentra terreno fértil donde el Estado llegó tarde, donde la escuela no logró retener, donde el empleo nunca alcanzó, donde la familia se quebró, donde la cancha quedó a oscuras, donde la calle educó antes que el aula y donde la violencia se volvió una forma cotidiana de lenguaje.

Las cifras actuales no permiten indiferencia. En 2025, Panamá registró 593 homicidios y una tasa nacional de 14.2 homicidios por cada 100 mil habitantes, según el Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales. La provincia de Colón alcanzó una tasa de 42 homicidios por cada 100 mil habitantes, calificada en el propio informe oficial como un nivel de “alta violencia” y “alarmante”. Ese mismo año, las mayores cifras se concentraron en las provincias de Panamá, Colón y Panamá Oeste.

El 2026 tampoco abrió con señales de alivio. El Ministerio Público reportó 193 víctimas de homicidio entre enero y abril de 2026. Además, el director de la Policía Nacional señaló que en Panamá existen más de 180 pandillas, concentradas especialmente en San Miguelito y Colón, vinculadas al narcotráfico y a los homicidios. Según esa declaración, las autoridades atribuyen a pandillas al menos el 70% de los homicidios registrados en el país.

Pero una cifra nunca sangra sola. Detrás de cada número hay una madre que no vuelve a dormir igual, un padre que se queda mirando una silla vacía, un niño que aprende demasiado temprano a distinguir el sonido del peligro, una comunidad que baja la voz cuando cae la noche. Las estadísticas sirven para medir el fenómeno, pero no alcanzan para narrar la fractura humana que deja la violencia cuando se vuelve paisaje.

El barrio marcado y el joven reclutado

Durante décadas, Panamá vio crecer este fenómeno desde sus primeras expresiones barriales hasta estructuras más complejas. Lo que alguna vez pudo leerse como grupo juvenil, control de esquina o pertenencia territorial, hoy aparece vinculado a microtráfico, sicariato, extorsión, cárceles y redes criminales mayores. Esa evolución no ocurrió en silencio: ocurrió frente a un país que muchas veces prefirió nombrar los barrios como “zonas rojas” antes que preguntarse por qué esos territorios fueron abandonados.

El problema con llamar “zona roja” a una comunidad es que se termina marcando también a la gente honesta que vive ahí. Y en esos barrios hay trabajadores, estudiantes, madres, abuelos, niños, pequeños comerciantes, líderes comunitarios y familias que resisten. La violencia se concentra en determinados territorios, sí; pero no define a sus habitantes. La mayoría de quienes viven en esas áreas no son responsables del crimen: son sus primeras víctimas.

Ahí está una de las contradicciones más dolorosas del país. Panamá puede mover mercancía por el mundo, puede venderse como centro logístico, puede hablar de conectividad, puertos, canal y crecimiento; pero todavía no ha sido capaz de garantizar oportunidades reales para miles de jóvenes que crecen en barrios donde el futuro parece una promesa ajena. Somos eficientes para mover contenedores, pero lentos para mover esperanza.

La pandilla entiende muy bien ese vacío. Recluta donde falta pertenencia. Recluta donde un adolescente necesita identidad. Recluta donde el dinero rápido parece más real que un salario formal. Recluta donde el miedo se transforma en respeto y donde la protección criminal llega antes que la protección institucional. La pandilla promete familia, pero entrega cárcel. Promete poder, pero fabrica muerte. Promete respeto, pero siembra miedo. Promete futuro, pero cobra con la vida. Aquí es donde el Estado debe hacerse una pregunta incómoda: ¿qué encuentra primero un joven panameño vulnerable, una oportunidad o un reclutador? ¿Una beca o una  esquina tomada? ¿Un mentor o una estructura criminal? ¿Una cancha iluminada o un punto de venta de droga? ¿Una institución que lo escucha o una pandilla que lo usa?

Seguridad no es solo patrulla: también es futuro

No se trata de justificar delitos. Se trata de entender causas para evitar consecuencias. El crimen debe investigarse y sancionarse. Pero si la respuesta se limita a capturar jóvenes sin desmontar las economías criminales que los reclutan, sin intervenir las cárceles que pueden operar como centros de mando, sin perseguir el dinero que sostiene las redes y sin reconstruir el tejido social de las comunidades, entonces el país seguirá haciendo lo mismo: contando muertos cada año y llamándolo estrategia.

El microtráfico, los llamados tumbes, las disputas territoriales y los homicidios no son hechos aislados: forman parte de una cadena más grande donde la pobreza pone los cuerpos y el crimen organizado recoge las ganancias.

Por eso la política pública debe ser más inteligente que ruidosa. No basta con discursos de “guerra contra las pandillas” si no hay prevención real. No basta con operativos si después los jóvenes vuelven al mismo barrio sin escuela, sin empleo, sin salud mental, sin cultura, sin deporte y sin oportunidades. No basta con llenar cárceles si las cárceles no rehabilitan y, peor aún, si permiten que el crimen se reorganice desde adentro.

Panamá necesita una estrategia integral: inteligencia financiera para seguir el dinero; control penitenciario para cortar órdenes criminales desde las cárceles; fiscalías robustas para judicializar estructuras, no solo individuos; escuelas capaces de retener; programas de empleo juvenil; recuperación de espacios públicos; atención psicológica comunitaria; protección a víctimas y testigos; y presencia estatal sostenida, no solo presencia policial después del crimen.

Presencia antes del crimen, no solo después del disparo

Pero esa estrategia no puede quedarse en un documento ni en una promesa de campaña. Debe aterrizar en barrios concretos, con metas medibles y presencia permanente. Panamá podría empezar por identificar las comunidades con mayor riesgo de reclutamiento juvenil y convertirlas en zonas prioritarias de intervención social: escuelas abiertas en horario extendido, tutorías, deporte nocturno, formación técnica, becas condicionadas a permanencia escolar, atención psicológica familiar y rutas rápidas de empleo para jóvenes fuera del sistema educativo. No se trata de llevar actividades simbólicas una vez al mes, sino de disputarles a las pandillas el control del tiempo, del territorio y de la esperanza.

También hace falta construir una red de protección comunitaria que no dependa solo de la denuncia individual, porque en muchos barrios el miedo calla antes que la justicia llegue. Líderes comunitarios, iglesias, clubes deportivos, docentes, juntas comunales, empresa privada y autoridades deben trabajar bajo un mismo mapa de riesgo, con protocolos claros para detectar reclutamiento, proteger a víctimas y acompañar a familias amenazadas. La seguridad empieza cuando una madre sabe a dónde acudir, cuando un joven encuentra una salida antes de ser captado, cuando una comunidad recupera la cancha, la calle y la confianza. La solución no es sencilla, pero sí posible: que el Estado llegue primero, llegue completo y no se vaya.

La violencia no empezó ayer y no terminará mañana. Pero puede empezar a retroceder el día en que Panamá entienda que seguridad no es solo patrulla, expediente y condena. Seguridad también es escuela, trabajo, luz en la calle, cancha abierta, salud mental, justicia rápida, barrio digno y futuro posible.

Porque cuando la pandilla llega antes que el Estado, no solo pierde un joven. Pierde el país entero.

La autora es Periodista