¿Ha sido la globalización alimentaria la causa de la pérdida de nuestras dietas tradicionales? En las últimas décadas, la expansión de los mercados internacionales y el intercambio global —incluyendo los productos alimenticios— han transformado la manera en que los países producen, intercambian y consumen alimentos. La globalización puede entenderse como un proceso a través del cual las economías nacionales se integran progresivamente a una estructura económica internacional y transnacional, creando una absoluta dependencia en su evolución de los mercados mundiales y en detrimento de las políticas económicas de los gobiernos locales (Ekmeiro Salvador y Rivas Carrero, 2024).

La apertura comercial y la eliminación de aranceles dentro del sector agroalimentario han impulsado la producción global y el empleo rural, expandiendo notablemente los mercados (Verbeke et al., 2018; Gygli et al., 2019). Sin embargo, este libre movimiento de mercancías trasciende lo económico, alterando el tejido social al reconfigurar las dinámicas laborales, el desarrollo rural, la migración y los hogares, consolidando al consumo como un eje central de la modernidad (Beltrán, 2017) y evidenciando la debilidad de los Estados para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional frente a las dinámicas transnacionales (Bonanno, 2003).

Así, la expansión corporativa y la difusión de patrones de consumo occidentales han redefinido la producción y distribución alimentaria; si bien esto ha incrementado la disponibilidad de productos y la innovación tecnológica, también ha perjudicado la salud pública y la preservación de las dietas tradicionales (OPS, 2015). Esta fragmentación de los sistemas locales es especialmente crítica en países de ingresos bajos y medianos, donde los alimentos frescos han sido desplazados por productos ultraprocesados con altos niveles de azúcares, grasas y sodio (Leyva, 2015), detonando un incremento alarmante en los índices de sobrepeso, obesidad y enfermedades no transmisibles (Contreras, 2019a; OPS, 2015; OPS, 2023).

El sistema alimentario globalizado está dominado por corporaciones transnacionales de alimentos y bebidas, de cuyas importaciones depende actualmente el abastecimiento y la seguridad alimentaria y nutricional de muchas naciones (Delgado, 2022). Gracias a su inmenso poder económico, tecnológico y publicitario, estas empresas controlan cadenas internacionales de producción y comercialización, desplegando una mercadotecnia agresiva hacia sectores vulnerables como niños y adolescentes; asimismo, presionan activamente a los gobiernos para bloquear normativas sanitarias como impuestos o etiquetados frontales que atenten contra su expansión y lucro corporativo (OPS, 2019). Aunque este modelo ha elevado ciertos niveles de bienestar regional, lo ha hecho a expensas de la soberanía alimentaria y económica, así como también de la capacidad de decisión de los ciudadanos (Estefanía, 1996; Ojeda Suárez, 2019).

Esta dinámica se consolidó debido a una metamorfosis del Estado, que abandonó su función reguladora para actuar como un simple gestor de las demandas del mercado transnacional. De esta manera, la absorción de las economías locales por parte de estas corporaciones se ha sostenido sobre tres ejes clave: la apertura comercial, el libre flujo de capitales y los intensos movimientos migratorios masivos (World Bank, 2005).

La estandarización provocada por la globalización de los sistemas alimentarios ha debilitado drásticamente la soberanía alimentaria a nivel local, impidiendo que amplios sectores de la población mantengan un acceso constante a una nutrición adecuada, segura y saludable. Esto se traduce no solo en desnutrición, sino también en problemas de obesidad por dietas poco sostenibles y falta de micronutrientes, sumado a una brecha de desigualdad donde la apertura comercial excluye a los actores más vulnerables de la cadena de valor (Justicia Alimentaria, 2019; Gutiérrez, 2022).

Aunque esta precariedad afecta tanto a las ciudades como al campo, la inseguridad alimentaria y la malnutrición se agudizan drásticamente en las comunidades rurales, indígenas y en las mujeres, coincidiendo con los sectores de menores recursos económicos y bajo nivel educativo (Morales-Ruán et al., 2014; Rodríguez-Guerrero, 2019).

La globalización de los sistemas alimentarios intensifica profundas desigualdades multidimensionales. Económicamente, el encarecimiento de los alimentos —que en América Latina y el Caribe escaló un 3.8%— elevó el costo global de una alimentación sana a 4.46 dólares diarios por persona (FAO et al., 2025), obligando a las pequeñas comunidades agrícolas a competir en absoluta desventaja frente a los gigantes corporativos y haciendo inviable la pequeña escala para sostener una vida digna (Qu, 2022).

En el ámbito social, esta estructura desfavorece severamente a colectivos vulnerables como mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes, quienes sufren el mayor riesgo de inseguridad alimentaria y malnutrición (FAO et al., 2020), una brecha acentuada por sesgos de género y raza que restringen el acceso a la tierra y que hoy es altamente visible gracias a la hiperconectividad de la era de la información (Holt-Giménez, 2018). Cultural y ambientalmente, la homogeneización del consumo desplaza los saberes ancestrales y las culinarias tradicionales, provocando la pérdida de la biodiversidad agrícola local (Contreras, 2019). Todo este modelo corporativo ha reconfigurado la geopolítica mundial para beneficiar a una minoría a costa de graves daños ecológicos, disputas por agua y tierra, y el deterioro de la salud comunitaria (Molina, 2021; Herrera y Carucí, 2022). Ante este escenario, la agroecología se consolida como una alternativa colectiva para rescatar el conocimiento campesino, regenerar los entornos naturales, dignificar el trabajo rural y combatir el cambio climático (Ekmeiro-Salvador, 2016; Páez Barahona, 2020).

Existe una profunda contradicción estructural entre los objetivos de la salud pública y las dinámicas del comercio globalizado; mientras las instituciones sanitarias intentan frenar el consumo de ultraprocesados mediante regulaciones como impuestos o etiquetados frontales, los tratados de libre comercio facilitan su expansión y las corporaciones alimentarias bloquean activamente estas políticas para proteger sus intereses económicos.

Esta tensión se traslada directamente a los contextos locales, transformando la cotidianidad a través de una alimentación mutante donde los productos industrializados sustituyen a los ingredientes tradicionales, diluyendo la identidad cultural y despojando a la comida de su papel histórico como eje de integración social (González Meyer y Micheletti, 2021; Ekmeiro-Salvador y Matos-López, 2022).

Este cambio no representa una adopción pasiva de novedades, sino un distanciamiento histórico entre el ser humano y el origen de su sustento (Bertrán y Flores, 2014; Ornellas, 2000), una desconexión agudizada por la alteración química de los alimentos y el uso de ingredientes incomprensibles en las etiquetas que impiden reconocer lo que realmente se consume (Ekmeiro-Salvador et al., 2024; Contreras, 2019b). Finalmente, el fenómeno reconfigura la restauración colectiva al masificar la alimentación fuera de casa mediante franquicias de fast food y servicios corporativos que imponen nuevas conductas, un sector de tal trascendencia actual que la Organización Mundial de la Salud lo considera un aliado estratégico e inevitable en el diseño de políticas públicas (Hervé, 2013; Pacheco da Costa Proença, 2010).

La reconfiguración global de los sistemas agroalimentarios bajo el control de oligopolios corporativos ha provocado la deslocalización de cultivos y la homogeneización de las dietas (Ekmeiro Salvador y Rivas Carrero, 2024; Díaz-Méndez y Gómez-Benito, 2001), vulnerando la soberanía alimentaria local mediante una reducción de la diversidad culinaria (Entrena Durán, 2008; Rivera et al., 2011). Aunque en el Sur Global este modelo se adopta en ocasiones como símbolo de progreso (Bertrán, 2017), la realidad es que introduce severas incertidumbres sanitarias debido al uso de agroquímicos, al debate no concluyente sobre los transgénicos (Pacheco da Costa Proença, 2010; Ardisana et al., 2019) y a la masificación de ultraprocesados de bajo costo y escaso valor nutricional (Ekmeiro-Salvador y Matos-López, 2022; Royo-Bordonada y Bes-Rastrollo, 2023; Meza y Núñez, 2021); una crisis que ha llevado a la Organización Panamericana de la Salud a exigir regulaciones fiscales y de mercadotecnia urgentes (FAO/OPS, 2015).

Frente a la lógica comercial que degrada el ambiente, derrocha recursos y desplaza a los productores locales (Jani et al., 2022), resulta indispensable reconstruir el vínculo entre salud y agricultura mediante un enfoque ético basado en la agroecología, las semillas nativas y redes artesanales sostenibles (Herrera y Carucí, 2022), consolidando un ciclo de valor impulsado por consumidores con conciencia ecológica (Mak y Terryn, 2020; García Goldar, 2021). Al final, se requiere transformar los sistemas agroalimentarios de la región para que dejen de ser simples productores de mercancías y se conviertan en motores de diversificación económica, generación de empleo, erradicación de la pobreza, seguridad alimentaria y nutricional, así como también de resiliencia ecosistémica ante el cambio climático (Morris et al., 2020; Clemente Rincón, 2022).

En conclusión, la globalización alimentaria representa un fenómeno complejo marcado por relaciones de poder desiguales entre actores económicos, políticos y sociales. Las corporaciones transnacionales concentran gran influencia sobre los sistemas alimentarios globales, mientras que las poblaciones vulnerables tienen limitada capacidad de decisión sobre su alimentación y salud. Aunque la globalización ha incrementado la disponibilidad de alimentos, también ha contribuido a la pérdida de dietas tradicionales y al aumento de enfermedades asociadas a una mala alimentación. Frente a este escenario, resulta fundamental fortalecer las políticas públicas de salud, establecer circuitos cortos de comercialización y promover sistemas alimentarios sostenibles y culturalmente adecuados que protejan tanto la salud de las poblaciones como la identidad alimentaria de los pueblos.

Este documento ha sido elaborado por estudiantes del Doctorado en Ciencias de la Salud de la Universidad de las Américas.

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