A nivel epistemológico, la comisión de actos delictivos en los sectores que tienen las principales tasas de criminalidad, son cometidos en su mayoría por personas que nacen de los barrios populares, personas que seguramente no continuaron sus estudios por temas de deserción, individuos que no crecieron dentro de un núcleo familiar completo; estas personas que viven en espacios donde impera la marginalidad, la exclusión social, carencias económicas, que no gozan de todos los servicios básicos o por lo menos de manera óptima; encuentran como ruta para poder proveerse o para lograr garantizarse una mediana calidad de vida incorporarse a la actividad delincuencial, ya sea desde la delincuencia común o inclusive desde el pandillerismo, que está estrechamente ligado al crimen organizado o delincuencia organizada. Como señala la sociología criminal (Sampson & Laub, 1993), los infractores frecuentemente emergen de barrios populares marginados, donde variables lesivas como la deserción escolar prematura y la fractura o ausencia de un núcleo familiar completo limitan el desarrollo psicosocial idóneo.

En consonancia con lo anterior, al observarse que alguno de estos barrios populares, están en áreas aledañas o próximas sectores de alto poder adquisitivo, se dan hechos de robo, hurto, estafas, incluso delitos cibernéticos, mientras que en los de clase media y de alta pueden darse todos los antes mencionados, sumados a los de lesiones personales y homicidio;  logra que se disparen las alertas de la población, ya sea desde los medios televisivos o desde los medios digitales, ya que comienzan a clamar por mayor seguridad. La respuesta es reactiva por parte de los estamentos de seguridad, puesto que inmediatamente fortalecen sus capacidades, aumentan la presencia, realizan operativos, allanamientos, capturas, aprehensiones, instalan retenes, puntos de control u observación y el efecto inmediato es una disminución de esas acciones delictivas.

Por otra parte, las acciones que son más planificadas y de inteligencia policial, trabajadas con rigurosidad por los estamentos de seguridad en conjunto con el Ministerio Público, arrojan resultados de mayor impacto estratégico, tales como incautaciones de sustancias ilícitas, decomisos de armamento y, por supuesto, capturas de miembros de organizaciones criminales y de redes de la delincuencia organizada. No obstante, en directa consecuencia de estos golpes institucionales a las finanzas e infraestructuras de la delincuencia organizada, se desata con frecuencia un repunte cíclico de homicidios por encargo o actos de sicariato.  Estos episodios de violencia letal extrema deben interpretarse como vendettas internas o disputas directas entre bandas rivales que intentan preservar o redistribuir el control territorial del microtráfico, enviar mensajes punitivos a organizaciones adversas o cobrar facturas por la pérdida de cargamentos de drogas incautados en los procedimientos del Estado. Lastimosamente, esta escalada criminal violenta perpetúa el ciclo, provocando una demanda aún mayor de intervenciones reactivas y de fuerza por parte de los cuerpos de policía.

A partir de este escenario conceptual, todo esfuerzo dirigido a la disuasión inmediata, la persecución del delito y el castigo del infractor se clasifica conceptualmente dentro de la doctrina criminológica como prevención secundaria (Garrido, Stangeland & Redondo, 2006). Este modelo de prevención trata entonces de realizar acciones que logren mitigar la actividad delincuencial que es cometida por el individuo que ya está inmerso en la actividad delincuencial, mediante acciones tácticas sobre sectores identificados como áreas rojas. Sin embargo, es interesante cuestionarse sobre qué estrategias se están utilizando para evitar de forma temprana que una persona se forme como delincuente. Es preciso entonces comprender que la inacción por parte de algunas instituciones de control social deja en evidencia que existe un abandono de la prevención primaria, una forma de prevención que procura acudir  a sus distintos recursos e instituciones, ya sea de control social informal (la familia, la escuela, la iglesia) o control social formal para prestar a debida atención al individuo cuando está en etapas tempranas del desarrollo humano,  precisamente para prevenir que adopte el comportamiento antisocial.

La prevención secundaria agota los recursos del Estado en la contención del riesgo criminal visible; la prevención primaria, en cambio, interviene sobre la raíz biopsicosocial del desarrollo para impedir el nacimiento del infractor penal.

En este sentido, es indudable que el individuo, en edad temprana concebido ontológicamente como un ser social en formación, inevitablemente va a comenzar a interactuar o tener intercambios más allá del círculo de contención familiar primario. Asumamos un entorno ideal, donde el niño vive en casa con sus padres y sus hermanos, quienes no solo asumen la obligación ineludible de proveer alimentación, techo, salud, educación y esparcimiento legítimo, sino que también le permiten relacionarse socialmente dentro de su comunidad, pero debiendo actuar como el primer filtro de socialización comunitaria.  Quiere decir, entonces, que no solamente va a conocer el universo que es su casa, sino que también va a conocer a los vecinos, a conocer a sus pares, que son quienes tienen la misma edad, un poco más o un poco menos. Participará en grupos; pueden ser grupos culturales, deportivos, religiosos o académicos. Todos estos grupos, de una u otra forma, tendrán algún tipo de incidencia en la recepción de información de este joven individuo o niño y allí comienzan a aprender nuevos o distintos hábitos, que deben ser obligatoriamente observados por los padres, para buscar ese equilibrio en su aprendizaje, filtrar aquellos malos hábitos, discriminar los buenos de los malos y siempre tratar de dar la mejor orientación y ejemplo a ese niño.

A pesar de la trascendencia de este rol protector, hoy en día ese trabajo que hacen los padres como principal institución del Estado y pilar fundamental del control social informal es mucho más complejo que décadas atrás. La realidad actual obliga a la mayoría de los padres a incorporarse al mercado laboral, lo que indica que no están 100% pendientes de sus hijos, ya que se reduce sustancialmente el tiempo fáctico de supervisión directa, no obstante, tienen esa obligación de observarlos, analizarlos, guiarlos, protegerlos, educarlos, aconsejarles. Si esto no ocurre, queda abierta la posibilidad de que el niño vaya absorbiendo malas conductas.

De manera complementaria, el riesgo criminógeno se potencia exponencialmente si el menor se desenvuelve en un entorno familiar disfuncional que carece de modelos de conducta probos y positivos, donde impera la desconexión entre padre e hijos, la negligencia en la crianza y la exposición directa a escenarios de violencia doméstica. Al encontrarse desatendido, es probable que el menor no se sienta a gusto, más se sienta obligado a estar, porque carece de la posibilidad de proveerse techo, alimento, vestido y cuanta cosa ayude a satisfacer las necesidades de una persona; sin embargo, buscará relacionarse, o se verá fácticamente forzado a buscar espacios de pertenencia externos, con los grupos que mejor lo acepten y es allí donde está el gran peligro, porque puede quedar situado en en el epicentro del riesgo de captación delictiva.

Precisamente, cuando ese niño comienza a asociarse con grupos, puede que no haga la mejor selección; en ese afán de querer encajar, en ese interés de querer ser aceptado, personas inescrupulosas aprovecharán esa oportunidad. Este proceso no se manifiesta a través de delitos graves, sino mediante la internalización de conductas desviadas de carácter menor (fugas escolares, desacato a la autoridad ordinaria) pero sí generan inquietud y molestia en algunos sectores de la comunidad, ya que esas conductas desviadas si no son corregidas y muy por el contrario son etiquetadas o aplaudidas, ese joven la adoptará como suya y ante la falta de corrección podría mutar hacia conductas infractoras, que sí son penadas por la ley y en el futuro cuando alcance de edad adulta conductas delictivas.

Por consiguiente, la familia no es la única que tiene esa responsabilidad dentro del modelo de prevención primaria; se requiere la articulación transversal y coordinada, en la que debemos incluir a la escuela como observadora técnica en constante comunicación con los padres, la iglesia como proveedora de contención moral, los medios de comunicación masiva, los cuales deben priorizar la difusión de contenidos prosociales en su programación. Y debemos incluir también las redes sociales, el entorno digital de 2026, al que hoy en día los niños y jóvenes tienen acceso mediante sus dispositivos móviles y donde frecuentemente consumen muchísima información. Las agencias del control social formal e informal deben mantener una presencia física e institucional permanente en las comunidades vulnerables, trabajando día a día de forma unificada con los padres en la cimentación caracterológica del individuo.

Habiendo expuesto algunos escenarios que expliquen cómo el niño o joven en proceso de crecimiento y desarrollo puede quedar vulnerable por malas influencias dentro del barrio, principalmente por desatención de sus padres, por observar malos modelos, por vivir rodeado de entornos de violencia y conductas desviadas o delictivas, me es preciso citar algunas apreciaciones sobre la prevención primaria, como modelo anticipado que busca evitar la deformación del barrio.

La prevención primaria tiene un enfoque directamente en el entorno macrosocial y el microsistema; procura intervenir de manera interinstitucional antes de que se manifieste el comportamiento desviado o se cruce la frontera legal. Mediante acciones planificadas busca neutralizar o desactivar los factores de riesgo ambientales, educativos y comunitarios de forma general. Por medio del diseño de entornos escolares seguros, el fortalecimiento de pautas de crianza consistentes en familias vulnerables y la contención absoluta de la deserción académica para evitar que las poblaciones juveniles sean permeables a dinámicas delictivas.

La prevención primaria como modelo ecológico y de salud pública fue introducida formalmente en las ciencias sociales y la criminología por teóricos como Gerald Caplan (1964), expandiéndose con fuerza en la política criminal y la criminología clínica durante los años 70 y 80 a través de autores como C. Ray Jeffery (en el ámbito del diseño ambiental y de la prevención del delito) y Steven P. Lab.

Gerald Caplan (en su obra fundamental de 1964, Principles of Preventive Psychiatry) indica que la prevención primaria no busca tratar a individuos específicos, sino reducir la tasa de nuevos casos (incidencia) de trastornos o desviaciones en una población, modificando el entorno y fortaleciendo las defensas de la comunidad antes de que aparezca el problema.

"La prevención primaria es un concepto comunitario que implica la reducción del riesgo de que las personas en una comunidad enfermen o presenten un trastorno. No busca prevenir que un individuo en particular se enferme, sino que se enfoca en la población general para reducir la tasa de nuevos casos durante un período de tiempo."

En conclusión, el Estado debe reorientar sus políticas públicas hacia la institucionalización de una verdadera política criminológica de base científica centrada en la prevención primaria. Históricamente, se han agotado ingentes recursos presupuestarios e institucionales en el fortalecimiento de la prevención secundaria y el modelo puramente reactivo, dejando de lado la intervención temprana del desarrollo psicosocial. La clave estructural para reducir de forma sostenible los índices de delincuencia común y neutralizar el reclutamiento de las organizaciones criminales radica en diseñar planes, programas y agencias comunitarias transversales que garanticen la presencia del Estado en la formación integral del menor, entendiendo que la prevención primaria constituye la inversión más eficiente para la paz social del país.

El autor es Magíster, criminólogo, docente universitario y miembro activo del CONAPOL.