El artículo 284 de la constitución política de Panamá establece que “el Estado intervendrá en toda clase de empresas, dentro de la reglamentación que establezca la Ley, para hacer efectiva la justicia social a que se refiere la presente Constitución”.

El término justicia social comienza a utilizarse con especial fuerza en el siglo XIX y suele asociarse a autores católicos como el jesuita italiano Luigi Taparelli, quien utilizó el concepto en la década de 1840, en el contexto de su crítica tanto al liberalismo individualista como al socialismo revolucionario.

Desde Objetivismo de Ayn Rand, el concepto suele convertir una virtud individual, la justicia, en una exigencia colectiva de redistribución de resultados. Para Rand, la justicia consiste en juzgar objetivamente el carácter y las acciones de las personas, dando a cada individuo lo que se merece.

Por tanto, si dos personas producen resultados económicos diferentes, la desigualdad de esos resultados no demuestra por sí misma que exista una injusticia. Un empresario, un médico, un artista y un trabajador pueden recibir ingresos muy diferentes sin que haya necesariamente una injusticia.

Si se parte de la supuesta premisa absoluta que “hay desigualdad económica” y se concluye que “por tanto existe una injusticia social”, se ha introducido clandestinamente un criterio normativo.

Los productores de clase baja, media y alta que no pertenecen a la oligarquía (gobierno de los ricos para su propio provecho) creen que con destrucción creativa, innovaciones, conservar la reputación de la marca, publicidad y mercadeo de sus  bienes y servicios es suficiente para mantenerse competitivos en su nicho de mercado, pero olvidan que no están en una economía de mercado propiamente dicha, sino en una intervenida conformada por instituciones políticas y económicas extractivas y forzosas para la colaboración social mediante la división del trabajo.

Si son apáticos a la política y no participan, pero que manteniendo contactos con los líderes de los partidos políticos financiando el veneno que causa el daño a la población en general, los hace pragmáticos, empiristas y mercantilistas. Lamentablemente, por más capitalistas que traten de presentarse, el mercantilismo político que financian termina por pasarles factura a favor o en contra, en caso de que se hayan ido por la candidatura incorrecta políticamente.

Así funcionan las cosas en Panamá bajo el actual método usado en el sufragio universal, la democracia que, en palabras de Aristóteles, es una degeneración de la “Politeia” (gobierno de amplia base social) en gobierno de los pobres en su propio y exclusivo interés. “Habló el pueblo” en el sufragio y acto seguido gobierna la oligarquía panameña.

La perspectiva para Panamá durante el 2026-2028 son económicamente buenas, en el sentido que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial esperan aproximadamente 4% de crecimiento real anual, pero socialmente el panorama es más complejo: Panamá probablemente seguirá creciendo más rápido que muchas economías de la región, pero no hay evidencia suficiente para afirmar que ese crecimiento vaya a eliminar rápidamente la pobreza ni a reducir sustancialmente la desigualdad, a pesar que ese es el objetivo del intervencionismo.

Panamá tiene un modelo económico capaz de generar crecimiento elevado (oligarca), pero ese crecimiento se distribuye de manera muy desigual entre territorios, sectores y grupos de población (democracia).

A pesar del crecimiento esperado 2026-2028 del 4% anual, la pobreza ronda alrededor del 19% y el índice Gini en 0,50, que significa que existe un nivel alto de desigualdad en la distribución del ingreso, lo que puede implicar un incremento en el intervencionismo estatal sobre la economía de los productores.

“El intervencionismo no es un sistema económico, es decir, no es un método que permita a quienes lo adopten conseguir los objetivos apetecidos. Es simplemente un sistema de procedimientos que perturban y a veces destruyen la economía de mercado. Obstaculiza la producción e impide que las necesidades humanas sean satisfechas. No hace más ricos a los ciudadanos, sino más pobres”, denunciaba desde hace un siglo el praxeologo economista austríaco Ludwig von Mises.

Insistir en separar lo social de lo económico, en vez de aceptar que se trata del indivisible socioeconómico, es perpetuar una maldad violentando principios universalmente válidos a temporales y a históricos para la conducta humana en sociedad, salvo que los políticos pragmáticos demuestren que un productor puede a la vez crear riqueza y en el mismo sentido su empresa ser intervenida con impuestos y demás procedimientos gubernamentales, o sea, que puede comerse el pastel y tenerlo a la vez.

Dicho de otra forma, el productor crea riqueza lícitamente y a la vez puede ser tratado como delincuente porque racionalmente desea que el producto de su esfuerzo, la riqueza producida, sea tratado de una manera distinta a la forma como ha sido reorganizada la sociedad por ingenieros sociales desde la época del socialismo utópico y el positivismo de la primera mitad del siglo XIX.

Los Padres Fundadores de Estados Unidos, los Simón Bolívar y los Justo Arosemena dieron una lección política a la humanidad con las declaraciones de independencia, la Gran Colombia y el Estado Federal de aquellas épocas, las bases indispensables del buen Estado y gobierno.

“El hombre, decían en esencia los Padres Fundadores de los Estados Unidos, es el animal racional. Por lo tanto, es el individuo, no el estado, quien es soberano; el hombre debe ser dejado libre para pensar y para actuar en consecuencia. A diferencia de Platón, cuyas ideas políticas eran consecuencia de sus premisas básicas, las ideas políticas de Aristóteles eran mixtas; eran una mezcla de elementos individualistas y platónicos (el concepto de “derechos” aún no había sido formulado). En la Declaración de Independencia y la Constitución que la implementa vemos finalmente la expresión plena, en términos políticos, de los fundamentos aristotélicos”, nos recuerda el objetivista Leonard Peikoff.

Y ha sido el elemento platónico encarnado en el aristotelismo lo que conservó la teoría intrínseca de los valores centrada en el deber como “conciencia moral y voluntad buena”, que divorcia el bien y lo bueno de alguien que valora para entregárselo al Estado, o sea, a una abstracción flotante presentada a la comunidad como buena en sí misma, por sí misma y para sí misma, independiente de la acción humana de los individuos que integren el grupo que posee el monopolio legal de la fuerza frente a víctimas legalmente desarmadas.

“A pesar de las alegaciones, entonces y ahora, de sus raíces judeocristianas, los Estados Unidos y su singular sistema de gobierno no podrían haber sido fundados en ningún periodo filosóficamente diferente. La nueva nación habría sido inconcebible en el siglo XVII, bajo los puritanos, por no decir en el siglo XII; y dejando de lado el poder de la tradición, su individualismo egoísta, absolutista, nunca sobreviviría una votación en la época actual (que es por lo que una segunda asamblea constituyente seria una calamidad). Estados Unidos requería lo que sólo la Ilustración ofrecía: la Ilustración, la Iluminación”, agregó Peikoff.

Fue el colectivismo de las nuevas doctrinas de las ideologías que emergieron del idealismo alemán, la autonomía de lo social e institucional frente a lo individual, el factor epistemológico que carcomió el grandioso desarrollo político cultural del siglo de las luces y la bella época hasta que las dos guerras mundiales lo sepultaron en gran medida.

“Todo ese magnífico desarrollo – incluyendo la ciencia, los Estados Unidos (el Estado Federal), y la industrialización– era una anomalía. Las ideas sobre las cuales ese desarrollo estaba basado estaban de salida al mismo tiempo que daban a luz a todos esos logros trascendentales”, lamentaría Peikoff. “Lo último que el siglo XIX pudo haber imaginado fue que la siguiente parada del expreso humano iba a ser Sarajevo (1914) y la metafísica de la “náusea”.

El autor es Magíster y Docente de la Facultad de Comunicación Social.