La constitución inteligente: hacia un modelo de gobernanza digital, transparencia y eficiencia en el Panamá del siglo XXI
La Constitución PolÃtica de la República de Panamá adopta en su ArtÃculo 17 la misión fundamental de garantizar que las autoridades públicas protejan la vida, honra y bienes de los ciudadanos, asegurando la efectividad de sus derechos individuales y sociales. Sin embargo, el diseño procedimental de la administración pública panameña fue concebido en una época análoga, basada en el papel, la autenticación presencial y procesos secuenciales lentos. En pleno año 2026, donde la economÃa global se mueve a la velocidad de la fibra óptica y los datos en la nube, la brecha entre las aspiraciones de eficiencia del texto constitucional y la tramitologÃa administrativa cotidiana genera un freno innecesario al progreso nacional.
La falta de una integración tecnológica profunda entre las distintas dependencias estatales como el Registro Público, la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI), los Municipios y el Servicio Nacional de Migración, por mencionar algunas, no solo encarece los servicios públicos, sino que dificulta la atracción de capitales de alto valor. Los ciudadanos e inversionistas de hoy no exigen exenciones ni privilegios; demandan previsibilidad, agilidad, modernización y transparencia.
Desde la perspectiva del constitucionalismo económico, el derecho a la buena administración pública es una derivación directa del debido proceso y del principio de legalidad. Cuando un trámite para formalizar una empresa, titular un bien o regularizar un estatus migratorio se dilata de forma innecesaria por la falta de herramientas digitales interoperables, se limita de forma indirecta el ejercicio de la libre empresa y el pleno aprovechamiento de la propiedad privada. La modernización tecnológica del Estado no es una simple meta de gestión gubernamental; es una necesidad institucional para materializar los derechos consagrados en nuestra Carta Magna.
La pandemia del Covid-19 nos empujó de forma forzosa a la digitalización en muchas áreas, pero aun nos falta mucho por mejorar, para cerrar esta brecha y posicionar a Panamá como un referente de institucionalidad moderna en la región, es momento de articular un modelo de "Constitución Inteligente" impulsado por soluciones normativas y tecnológicas de rango Constitucional como al derecho de acceso digital y buena administración, es indispensable incorporar explÃcitamente en el ordenamiento jurÃdico el principio de "eficiencia y neutralidad tecnológica". Esto implica que el Estado tiene la obligación constitucional de ofrecer y regular todas sus prestaciones, trámites y servicios en formato digital accesible, garantizando el derecho del ciudadano a relacionarse con la administración de forma remota, segura y sin intermediarios innecesarios.
Panamá debe consolidar un sistema nacional de identidad digital unificada con autenticación biométrica y firma electrónica avanzada. A través de un marco estricto de interoperabilidad, si una institución del Estado (como el Registro Público) valida un documento o un estatus legal, dicho dato debe ser reconocido automáticamente por las demás entidades (como el MIVIOT o la DGI). La premisa jurÃdica debe ser clara: el Estado no puede pedirle al ciudadano un documento que el propio Estado emitió o posee en sus bases de datos.
Un Estado digitalizado facilita el monitoreo de los incentivos fiscales y de desarrollo urbano. La implementación de registros digitales distribuidos para la gestión catastral y el seguimiento de permisos de construcción garantizará la trazabilidad absoluta de las transacciones, eliminando cualquier margen de discrecionalidad y fortaleciendo la confianza internacional en el régimen de propiedad panameño.
Todo esto dentro del Marco Constitucional con base al artÃculo 17 de nuestra Constitucional, el Estado tiene el deber de proteger la vida, honra y bienes de los nacionales y extranjeros, lo que implica brindar una administración pública eficiente que no conculque la propiedad ni la libre empresa por demoras o burocracia. La dilación injustificada en trámites públicos (catastro, permisos, registros) actúa como una limitación indirecta a la libertad de empresa y al pleno disfrute del patrimonio. El ciudadano tiene derecho a respuestas oportunas, procedimientos claros y resoluciones motivadas sin discrecionalidad arbitraria.
Panamá cuenta con estabilidad monetaria y atractivo internacional, pero conserva procedimientos administrativos análogos basados en papel y revisiones secuenciales que generan lentitud e incertidumbre. La demora en la aprobación de planos, permisos de ocupación e inscripción de fincas eleva los costos financieros de los proyectos, trasladando ese encarecimiento al consumidor final (clase media).
Algunas de las soluciones podemos mencionar: tener una identidad digital única y firma electrónica avanzada esto permite que los trámites contractuales y registrales se completen 100% en lÃnea con plena validez jurÃdica. Promover la interoperabilidad, prohibir que una entidad pública le pida al ciudadano un documento que otra dependencia del propio Estado ya emitió o posee. Establecer plazos perentorios para que, vencido el término legal sin respuesta de la autoridad, el trámite se entienda aprobado bajo declaración jurada y responsabilidad profesional.
La modernización del Estado a través de la tecnologÃa trasciende la mera instalación de computadoras o la creación de portales web; constituye una verdadera democratización del poder y de las oportunidades. En el diseño tradicional de la burocracia análoga, el acceso a la justicia administrativa, a la titulación de tierras o a la apertura de un negocio ha estado condicionado históricamente por barreras geográficas, económicas y sociales. El ciudadano del interior del paÃs, el pequeño emprendedor o la familia de clase media enfrentan costos de traslado, pérdidas de jornadas laborales y la mediación forzosa de gestores informales para lograr que el aparato estatal atienda sus solicitudes.
Cuando el Estado adopta un modelo de gobernanza digital integral, rompe de golpe esa estructura elitista. La tecnologÃa iguala las condiciones de acceso, el mismo trámite que antes exigÃa influencias o presencia fÃsica en la capital se convierte en un procedimiento transparente, auditable y al alcance de cualquier persona con conexión a internet. La automatización de procesos y el uso de firmas electrónicas descentralizan la función pública, eliminando la discrecionalidad del funcionario y cerrando de raÃz los espacios donde florece la corrupción. La transparencia algorÃtmica no solo protege el erario público, sino que dignifica al ciudadano al tratarlo como titular de derechos y no como un solicitante a merced de la voluntad burocrática.
Una administración pública eficiente, ágil y transparente honra el espÃritu del constitucionalismo panameño. La Carta Magna no se diseñó para ser un catálogo de intenciones abstractas, sino una herramienta viva para garantizar la paz social, el desarrollo humano y la equidad. Un Estado que dilata respuestas vulnera el derecho a la buena administración y ralentiza la economÃa; un Estado eficiente, en cambio, convierte el debido proceso en una realidad tangible. Al simplificar la tramitologÃa en la ANATI, el Registro Público, el MIVIOT o el Servicio Nacional de Migración, el paÃs impulsa la competitividad de toda la sociedad.
Finalmente, este salto cualitativo hacia la gobernanza digital le devuelve a Panamá su verdadera vocación histórica: ser un nodo central de interconexión global, innovación y certeza jurÃdica. Desde los tiempos de la ruta de transbordo colonial hasta la construcción del Canal y la consolidación de su Centro Bancario Internacional, Panamá ha destacado cuando actúa como facilitador del comercio y el intercambio. En el siglo XXI, esa vocación de puente exige una infraestructura digital soberana, donde la seguridad de los tÃtulos de propiedad, la atracción de inversiones transparentes y la agilidad de los servicios públicos se conviertan en nuestro principal sello de distinción. Ser un puente de vanguardia significa ofrecer al mundo y a nuestros propios ciudadanos un entorno donde la ley se cumple con la velocidad, la precisión y la equidad que demanda la era digital.
La autora, Sugeily Luzsaray Cerceño Lezcano, es Magister en Derecho y Ciencias PolÃticas, profesora de la catedra de Derecho Constitucional y especialista en Derecho Migratorio y Bienes RaÃces. Ha dedicado parte de su vida al aprendizaje continuo, y a la docencia, es la autora de la obra de crecimiento personal titulada "Aprueba tu Luz". El mensaje de sus charlas y escritos se enfocan en el crecimiento académico y el crecimiento personal.
