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El Rol del Facilitador Judicial en la Construcción de Acuerdos que Trascienden en el Conocimiento Jurídico

Por: Anyeis Del Cid Achao | Publicado el: 12 noviembre 2026



La administración de justicia en las comunidades ha experimentado un cambio significativo hacia modelos participativos e inclusivos. En este marco, la figura del facilitador judicial emerge como un puente fundamental entre la ciudadanía y el sistema de justicia. Aunque la formación técnica y el conocimiento normativo otorgan un marco de referencia legal indispensable, la verdadera eficacia del facilitador al construir acuerdos no reside en la aplicación dogmática del derecho, sino en el despliegue de habilidades blandas, sensibilidad social y destrezas comunicativas que trascienden la norma escrita.

En las comunidades rurales y suburbanas, los conflictos cotidianos asuntos de linderos, desacuerdos vecinales, compromisos económicos menores o disputas familiares están impregnados de una alta carga emotiva, dinámicas de poder histórico y relaciones interpersonales continuadas. Pretender resolver estas diferencias únicamente con el rigor del código legal suele agravar las brechas comunitarias.

Por ello, el facilitador judicial actúa primordialmente como un pacificador comunitario cuyo objetivo no es imponer una sentencia, sino guiar a las partes para que construyan una solución mutuamente satisfactoria y sostenible en el tiempo.

El éxito de esta labor depende de una serie de competencias técnicas y humanas multidisciplinarias. En primer lugar, destaca la escucha activa y empática. Escuchar no solo implica oír las alegaciones de las partes, sino comprender la narrativa emocional subyacente, los miedos y los intereses no expresados. El facilitador debe generar un ambiente de confianza donde las personas se sientan respetadas y validadas en su dignidad, permitiendo que la tensión inicial disminuya gradualmente.

Sobre esta dimensión humana dentro de la justicia comunitaria en Panamá, el jurista Aurelio César Trujillo Franco (2018) señala: "El facilitador judicial en el entorno comunitario cumple una función que desborda el formalismo procesal; su liderazgo se cimenta en la legitimidad social, la empatía y la capacidad de traducir el lenguaje del conflicto en términos de entendimiento y convivencia pacífica" (p. 42).

En segundo lugar, se requiere un dominio fluido de las técnicas de reformulación y desescalada de tensión. El conflicto genera un lenguaje reactivo, caracterizado por descalificaciones y acusaciones recíprocas. El facilitador debe poseer la destreza de limpiar el discurso violento, extrayendo la pretensión central o la necesidad real subyacente para reencuadrarlas en términos constructivos. Esta habilidad permite transformar el diálogo de un esquema de confrontación ("víctima vs. victimario") a un enfoque colaborativo ("ambos frente al problema").

Respecto a la neutralidad y el manejo de dinámicas comunitarias, la investigadora y jurista María Cristina Chen Stanziola (2020) subraya: "La imparcialidad del facilitador comunitariamente legitimado no se limita a la equidistancia formal, sino al equilibrio sustancial de la interacción, evitando que la asimetría social, de género o económica vicie la libertad de las partes para concertar acuerdos justos" (p. 115).

Asimismo, el pensamiento creativo e inclusivo resulta indispensable para explorar alternativas razonables de solución. Mientras que la vía judicial ordinaria ofrece respuestas binarias (ganar o perder), el facilitador impulsa a las partes a diseñar compromisos flexibles que se ajusten a su realidad económica y social, promoviendo reparaciones simbólicas, acuerdos de coexistencia pacífica o prestación de servicios comunitarios.

En la misma línea, el analista y docente Gabriel Antonio Fernández Vega (2022) destaca la trascendencia de la educación para la paz en la labor de los facilitadores: El impacto del facilitador judicial trasciende la firma de un acta de acuerdo; su intervención funciona como una pedagogía ciudadana que capacita a la propia comunidad en la gestión pacífica de sus futuras controversias, consolidando la prevención del delito" (p. 78).

Cabe resaltar el valor del liderazgo comunitario ético. El facilitador vive y comparte el entorno donde se genera la controversia, lo que exige una conducta personal intachable, transparencia absoluta y respeto por la diversidad cultural. Su autoridad moral es el insumo principal que infunde credibilidad al proceso restaurativo.

En conclusión, el rol del facilitador judicial representa la dimensión más humana y accesible de la justicia. Si bien el marco normativo señala los contornos de su actuación, son la empatía, el manejo asertivo de la comunicación, la equidad y la vocación de servicio las herramientas reales que permiten transformar el conflicto en una oportunidad de cohesión social y paz comunitaria.

Referencias

  1. Chen Stanziola, M. C. (2020). Justicia comunitaria de paz y métodos alternos en Panamá: Retos y perspectivas. Editorial Universitaria Carlos Manuel Gasteazoro.
  2. Fernández Vega, G. A. (2022). El servicio de facilitadores judiciales comunitarios y su impacto en la cultura de paz. Sapientia, 14(2), 65–82.
  3. Trujillo Franco, A. C. (2018). La justicia de paz y la mediación comunitaria en el ordenamiento jurídico panameño. Revista Jurídica Panameña, 10(1), 33–50.

La autora es Mediadora, Especialista en Sistema Penal Acusatorio y Estudiante en el Programa de Maestría en Docencia Superior de la Facultad de Educación y la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la Universidad de Panamá

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