Discriminación en la educación de los pueblos indÃgenas
Realidad de los pueblos indÃgenas
Gran parte de los pueblos indÃgenas de Panamá viven en comarcas, tierras colectivas que, a pesar de residir en paraÃsos naturales, sobreviven en medio de la pobreza y la ausencia de varios servicios básicos.
Desde la colonización de los extranjeros, los pueblos indÃgenas han sufrido injusticias a lo largo de la historia y cada dÃa es más notoria las desigualdades que existe entre las zonas urbanas e indÃgenas de nuestro paÃs que se ha venido intentando reparar desde mediados del siglo XX, cuando la OIT publicó el primer Convenio sobre poblaciones indÃgenas y tribales: el Convenio C107. Hoy tenemos dos grandes herramientas que lo han sucedido: el Convenio 169 de la OIT y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos IndÃgenas.
Los Derechos de los Pueblos IndÃgenas no son distintos a los Derechos Humanos Universales, pero hacen más énfasis en disposiciones a cerca de uso y protección de los recursos naturales, idioma, tradiciones, cultura y administración de sus tierras.
Distribución geográfica de los pueblos indÃgenas
Los siete pueblos indÃgenas de Panamá son los Ngäbe, los Buglé, los Guna, los Emberá, los Wounaan, los Bri bri, y los Naso Tjërdi. De acuerdo con el censo de 2010, son más de a 417.559 habitantes lo que equivale al 12% del total de la población de Panamá. Existen 5 comarcas, reconocidas por diferentes leyes que están basadas en los derechos constitucionales de los pueblos indÃgenas: Guna Yala (1938), Emberá-Wounaan (1983), Guna Madungandi (1996), Ngäbe-Buglé (1997), and Guna Wargandà (2000). En total, estas comarcas abarcan un área de 1,7 millones de hectáreas.
Desde 2008, la Ley 72 ha propuesto un procedimiento especial para recibir el tÃtulo de las tierras colectivas de los pueblos indÃgenas, que no se encuentran en las comarcas. Hasta la fecha, sólo seis territorios han sido titulados bajo esta ley. Se calcula que una vez que finalice el proceso de titulación colectiva, los pueblos indÃgenas poseerán un total de 2,5 millones de hectáreas, lo que cubre el 63% de los bosques del paÃs.
La carga de la discriminación
Además de la responsabilidad que tienen nuestros indÃgenas de proteger la naturaleza y preservar sus tradiciones, cargan dÃa tras dÃas con la discriminación de sus propios compatriotas. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artÃculo 2.1, que instruye el derecho de no discriminación nos dice que: "Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión polÃtica o de cualquier otra Ãndole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición".
Pero la discriminación se manifiesta más allá de las burlas a su idioma y vestido, también se ve en la negación de la educación, vivienda y de oportunidades laborales. Esta discriminación desmedida es la que sufren muchos indÃgenas como Argelio Harris de 30 años, quien tuvo que verse obligado a dejar su tierra, la isla de Niadup, ubicada en la comarca Guna cuando solo tenÃa 12 años para trabajar con su padre en la Ciudad de Panamá. De trabajar en la pesca de langostas para venderlas a 3.40 la libra, a tener que recoger latas y trabajar como ayudante de bus para llevar ingresos a su hogar donde lo esperaban sus cuatro hermanos menores, limitó las posibilidades de Argelio de enfocarse en sus estudios.
En la isla Niadup solo hay una escuela primaria, por lo tanto, Argelio solo culminó sus estudios primarios al igual que el 94% de los estudiantes a nivel nacional, sin embargo, al menos un tercio de los estudiantes de sexto grado tiene logros educativos deficientes como lo muestran los resultados de las pruebas TERCE y CRECER de 2018 donde Panamá ocupa los últimos puestos.
Las deficiencias educativas en las comarcas
La tasa de analfabetismo de Panamá como paÃs es baja, sin embargo, a lo interno del paÃs, existen grandes brechas en el alfabetismo entre hombres y mujeres de las comarcas indÃgenas. Las desigualdades entre las zonas urbanas e indÃgenas en términos de matrÃcula son muy grandes y muy pocos jóvenes indÃgenas logran cursar la educación media, lo que provoca que sus posibilidades de insertarse en el mundo del trabajo sean menores a los que si obtienen tÃtulos técnicos superiores, o universitarios o si continúan una carrera de licenciatura, maestrÃa o doctorado.
El Estado para garantizar que el derecho a la educación se logre ofrece educación bilingüe intercultural para los grupos originarios; también cuenta con programas de becas, la Red de Oportunidades, los bonos escolares y las ayudas nutricionales, muy necesarias en las comarcas indÃgenas ya que el 56% de los menores de 5 años sufre de desnutrición crónica, entre otras acciones, destinadas a garantizar la permanencia de los estudiantes en las escuelas y apoyos directos a los hogares vulnerables para aumentar la retención en el nivel primario y en premedia. Sin embargo, Mileyka Pérez, madre de familia de 3 niños de la isla de Ustupu, nuca ha sido beneficiada de alguno de estos programas, lo que deja en evidencia que a pesar de todos estos esfuerzos el acceso a la educación preescolar, premedia y media aún no llega a todos.
Garantizar el acceso a educación
El Estado, el Cacique y los Sailas deben garantizar el derecho a una educación libre, gratuita, inclusiva y de calidad ya que es la única salida de muchos indÃgenas para salir del cÃrculo de la pobreza en que nacen y se desarrollan.
En un escenario de pandemia mundial, no preocuparnos por nuestros indÃgenas que viven a base del turismo y las ventas de artesanÃas, nos hace indiferentes. No conocer las elevadas tasas de mortalidad materna e infantil y de desnutrición crónica son reflejo de las brechas en el acceso a servicios y nos hace egoÃstas. No brindarles a nuestros niños y jóvenes de las comunidades indÃgenas acceso a educación de calidad también es discriminar.
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