En horas de la mañana, de este viernes, 8 de abril, tuvo lugar un convivio académico en el Paraninfo Universitario, referente al Estudio de Impacto Económico de las víctimas en la resolución de los conflictos.

A este evento asistieron muchas personalidades, entre las cuales cabe mencionar: doctor Hernán de León, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia y coordinador del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales; Pedro Vascovich Céspedes, embajador de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ante la República de Panamá y coordinador del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales; el doctor Juan Antonio Gómez, vicerrector de Investigación y Posgrado de la Universidad de Panamá; el Cuerpo diplomático acreditado en Panamá; distinguidos funcionarios del Órgano Judicial, del Ministerio Público, Policía Nacional; funcionarios de la OEA; la Universidad de Panamá (UP) y demás invitados.

La actividad dio inicio con las palabras del vicerrector de Investigación y Posgrado; posteriormente se dirigió al público el honorable embajador de la OEA en Panamá; el siguiente en pronunciarse fue el doctor Hernán de León, quien ofreció las palabras protocolares.

Finalizado el preámbulo, inició en sí la presentación del Estudio de Impacto Económico de las víctimas en la resolución de los conflictos. La Licenciada Inelda Amador Sossa mostró los antecedentes del conflicto en colaboración con tres facilitadores de los ahí presentes más las palabras de una de las juezas municipales.

Seguidamente, el máster Fernando Murray explicó metodológicamente y de manera muy amplia en qué consiste este estudio.

Una vez explicado el estudio de impacto económico se dio paso a los comentarios, los cuales fueron expuestos por tres profesionales: las magísteres Dayra Pittí B., y Zulineth Silva, al igual que el comisionado José Antonio Collado.

Finalmente, el cuarto invitado de la meza principal, el doctor Miguel Ángel Cañizales Mendoza, presentó la conclusión de la presentación del estudio realizado por las diferentes personalidades ahí presentes.

¿En qué consiste el estudio?

La presente investigación es un esfuerzo científico que sistematiza y pone de relieve una realidad social que demanda la intervención dinámica pero amigable. Los conflictos son procesos de interacción social inherentes a todas las sociedades, tanto en la antigüedad como en el presente.

Este estudio tiene como objetivo determinar las diferencias que tiene para el usuario (que sería la víctima) el resolver su caso a través de un juicio en comparación si es resuelto por medio de un facilitador judicial. Este se consagra y pondera a través de un estudio comparativo de 56 casos en seis países, centroamericanos todos.

De acuerdo al objetivo, podemos observar la celeridad, la premura y lo amigable que resulta el manejo de situaciones y casos de conflicto, a través de la vía de un facilitador judicial.

Antecedentes

Como explicación a los antecedentes se brindó respuesta a las siguientes interrogantes:

¿Qué es un facilitador judicial?

Es una persona procedente de una comunidad, corregimiento, líder natural, seleccionado en asamblea general por su comunidad, juramentado por el Órgano Judicial, capacitado para dar acceso de servicio en su comunidad y voluntario con vocación de servicio, señaló Judelda Mendieta Navarro, facilitadora procedente del corregimiento de San Martín.

¿Qué servicios prestan los facilitadores judiciales en las comunidades?

Marvin Lezcano señaló, que entre los muchos compromisos de un facilitador, esta el brindar a la comunidad como: orientar a las personas que les solicitan información; remitir a las autoridades correspondientes casos no solo de su competencia, sino a órganos judiciales, brindar gestión de acompañamiento, mediar en los casos que la ley les permite cuando las partes así se lo solicitan, replicar información en la comunidad mediante charlas, en colegios, escuelas y demás centros educativos, entre otros.

¿Quién supervisa a los facilitadores judiciales en sus comunidades?

La jueza municipal Jessica Jaramillo relató que la función de ellos (jueces) básica e inicialmente es visitar a las comunidades para conocer quiénes son los potenciales líderes y que ellos, a su vez, sean seleccionados por la comunidad en una actividad de manera pública, abierta. Una vez son seleccionados, los facilitadores y los jueces tienen la obligación de juramentarlos y capacitarlos, deben atenderlos en los despachos, muchas veces de manera telefónica, en otras ocasiones de forma personal. Ellos comparecen, tienen la libertad de asistir a cada despacho y que todo el equipo que labora en el Tribunal esté a su disposición ante cualquier consulta. También deben recopilar información que ellos les suministran estadísticamente. Hacer un consolidado de acuerdo a cada información que les llega, remitirla al centro de estadística de la institución para que ellos tengan ese control y puedan mostrarlo al público.

¿Cuál es el rol del programa interamericano de facilitadores judiciales?

Este programa ha implementado el servicio en ocho países de Centroamérica, incluyendo Panamá, Paraguay y Argentina.

Como programa interamericano se busca cómo contribuir al acceso a la justicia en estos países y a través del Órgano Judicial de esos países donde se ha venido implementando esa revisión de modo que, a la fecha, ya se cuenta a nivel interamericano con más de once mil facilitadores judiciales en donde el 42% a nivel de esos países son mujeres.

Conclusiones

Son pocas las oportunidades que se tienen de presenciar una investigación con un nivel metodológico mediante una muestra tan pequeña como la que se tiene de 56 casos; sin embargo, tiene toda la validez metodológica de una investigación.

Ahora bien, se querrá ver cuál era el impacto económico que tiene para una víctima el resolver su conflicto mediante un juicio o mediante la intervención de un facilitador judicial. Los resultados demuestran amplia e indiscutiblemente que la mejor vía es la del facilitador judicial. Hay una insatisfacción con el sistema judicial en la relación humana y en las afectaciones psicológicas cuando se lleva a la vía ordinaria. Esto significa que el ser humano es altamente complejo y, al ser así, las relaciones interpersonales afectan la relación en comunidad. 

Cuando se hacen a través de la vía ordinaria se crea ese resentimiento, el cual puede llevar a problemas más serios a futuro, las relaciones se pierden y a veces se corta la comunicación.

Los alcances metodológicos son interesantes porque es reciente, correspondiente al segundo semestre del año 2015. Quiere decir que estamos viendo de viva voz y mano datos estadísticos de una investigación que acaba de culminar. De forma paralela se dieron por tener presencia en ocho países, tales como: Argentina, Paraguay y los seis países en donde se hizo la investigación: Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras.

Se analizaron 56 casos, de los cuales 28 se trabajaron por la vía ordinaria tradicional y 28 por la mediación judicial. El tiempo de solución de un caso fue de cuatro días para un facilitador judicial y, por la vía judicial, 505 días; esto representa, sin duda, una capacidad increíble de ahorro al Estado. Solamente en Estados se necesita cerca de 100 millones de dólares; en Argentina 40 millones y, aquí, si cuantificamos esto, tenemos que en un año se llevan más de 34, 000 mediaciones de acuerdo a este estudio; esto representa más de 33 millones de dólares en Panamá, un país que representa en la región la más grande desigualdad en comparación con otras grandes existentes en el mundo.

Aquí en Panamá, hemos realizado un esfuerzo por disminuir la pobreza extrema a la pobreza en las áreas indígenas, donde más del 95% viven en pobreza extrema.

Es importante destacar que el 40% de los casos llevados a juicio se resuelven entre dos y seis meses; el 14% de seis meses en un año; el 14% de más de un año en menos de dos años; el 32% más de dos años.

Esto quiere decir que cuando los casos se resuelven por periodos prolongados implica viajar al juzgado para conocer el proceso lo que afecta tanto al trabajo como a la vida familiar.

Se puede decir que el costo acumulado de las 28 víctimas que utilizaron la vía del facilitador judicial representa el costo de la canasta básica por dos semanas en tanto que el costo de las 28 por las vías del juicio representa más de 14 años de la canasta básica. Estamos observando una gran comparación de la cual podemos decir que las 28 víctimas que utilizaron la vía del facilitador judicial pudieron financiar un trabajador de campo de dos a tres semana, mientras que el que utilizó la vía del juicio calcula el salario de un año para un alto ejecutivo bancario: una desigualdad enorme en este sentido.

Todo lo anterior fue lo que el experto doctor Cañizales Mendoza pudo deducir de la presentación realizada, titulada El estudio de impacto económico de las víctimas en la resolución de conflictos en Centroamérica, auspiciado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Órgano Judicial y el Reino de los Países Bajos.

Esta experiencia es muy rica y quiero terminar parafraseando  lo que en uno de sus discursos pronunciara Martín Luther King:
«El hombre ha tratado de conquistar todo en la vida; el hombre  quiso conquistar el espacio y llegó a la luna; el hombre quiso conocer las profundidades más grandes del mar y creó los submarinos; el hombre quiso volar como las aves y creó el avión, pero ¿qué nos faltó a los hombres?: La comunicación humana y eso es precisamente lo que hacen ustedes. Un fuerte aplauso y mis mayores respetos», fueron las palabras culminantes del doctor Cañizales, ante este importante evento.