Exrector de la Universidad de Panamá presenta Declaración Jurada de Bienes Patrimoniales ante la ContralorÃa
En estricto cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en la República de Panamá, el exrector de la Universidad de Panamá realizó la entrega formal de su Declaración Jurada de Bienes Patrimoniales, debidamente notariada, ante la ContralorÃa General de la República.
El acto se llevó a cabo tras haber concluido formalmente su perÃodo de gestión al frente de la primera casa de estudios superiores del paÃs, el cual abarcó del 1 de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2026.
Con la presentación de este documento, la autoridad saliente concluye de manera oficial su administración, ratificando su compromiso con la transparencia, el rindiendo cuentas de su patrimonio y la observancia de las normas que rigen el ejercicio de la función pública.
Explicación Legal: Fundamento y Alcance
La presentación de este documento se fundamenta en el marco legal y constitucional que regula la ética e integridad en la administración pública en Panamá:
1. ArtÃculo 304 de la Constitución PolÃtica de la República de Panamá
Establece la obligación legal para los principales servidores públicos, directores de entidades autónomas y máximas autoridades de las universidades estatales de presentar una declaración jurada de sus bienes patrimoniales en dos momentos clave: al tomar posesión del cargo y al cesar en el ejercicio de sus funciones.
2. Ley 59 de 29 de diciembre de 1999 (Ley de Declaración Jurada de Bienes Patrimoniales)
Es la norma reglamentaria que rige el procedimiento y contenido de esta obligación:
¿En qué consiste?
Consiste en un informe notariado en el que el funcionario detalla bajo la gravedad de juramento la totalidad de sus activos y pasivos (bienes inmuebles, vehÃculos, cuentas bancarias, deudas e inversiones) al momento de finalizar su mandato.
Propósito Institucional:
Permite a la ContralorÃa General de la República cotejar la evolución del patrimonio del servidor público desde el inicio hasta el término de su gestión, garantizando la transparencia en el uso de los recursos públicos y auditando que no existan inconsistencias o enriquecimiento injustificado.
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