La Contraloría General de la República de Panamá, en conjunto con la Universidad de Panamá (UP), ha lanzado el primer Doctorado en Control Gubernamental de la Gestión Pública, un programa académico pionero que busca formar líderes especializados en la fiscalización del sector público.

Gerardo Solís, contralor General de la República, resaltó que este doctorado responde a los desafíos contemporáneos de la gestión gubernamental, enfocándose en mejorar la transparencia y eficiencia en el manejo de los fondos y bienes públicos. La formación de doctores especializados será clave para fortalecer la administración pública y la confianza en las instituciones fiscalizadoras.

Uno de los pilares del programa es la creación de la revista científica“Contraloría Fiscaliza”, la cual publicará investigaciones en temas clave como auditoría, control interno, gobierno electrónico y tecnologías de la información. Esta publicación servirá como plataforma para fomentar el conocimiento y desarrollo en el ámbito de la gestión pública.

Marino Palacios, director Nacional de Fiscalización, destacó que el doctorado garantizará que los profesionales de la Contraloría adquieran las herramientas necesarias para enfrentar los retos de la fiscalización moderna, asegurando un control efectivo y de altos estándares.

La inscripción al programa estará abierta del 7 al 29 de octubre de 2024, y los requisitos incluyen contar con un título de maestría con un índice mínimo de 2.00, reconocido por la Universidad de Panamá; fotocopia autenticada de títulos y créditos; traducción autorizada de los mismos en caso de estar en otro idioma, y la presentación de un anteproyecto de tesis doctoral.

El rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, señaló que este doctorado representa un paso técnico y estratégico hacia una administración pública más eficiente y transparente. Flores subrayó la importancia de que tanto las entidades como los servidores públicos comprendan el rol de la Contraloría como un ente fiscalizador independiente, con funciones constitucionales y responsabilidades asignadas por ley, para mejorar la gestión de los recursos públicos.