América Latina mantiene una deuda histórica con la investigación educativa: no por falta de talento, sino por la confluencia de limitaciones estructurales, modelos epistemológicos heredados y políticas públicas discontinuas. A pesar de avances puntuales crecimiento de posgrados, redes académicas y revistas científicas la región continúa enfrentando obstáculos que impiden que la investigación educativa sea un motor efectivo de transformación social y de mejora de los sistemas educativos. Esta deuda se articula en varios planos: financiero, formativo, institucional y epistemológico.

En términos financieros, la inversión en investigación educativa sigue siendo marginal frente a otras prioridades estatales. Los fondos suelen ser inestables, fragmentados y con alta burocracia, lo que dificulta la planificación a mediano y largo plazo.

Como ha señalado el investigador Pablo Gentili, docente en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, en su análisis sobre políticas educativas regionales, las expectativas que se tienen sobre la investigación “se chocan con la ausencia de marcos presupuestarios sostenibles que permitan investigaciones rigurosas y de impacto” (Gentili, 2018).

La consecuencia es una producción científica marcada por proyectos de corta duración y escasa articulación entre ellos. En la dimensión formativa emerge otra limitación: la formación de investigadores. Muchos programas de posgrado latinoamericanos han multiplicado su oferta cuantitativamente, pero no siempre han logrado consolidar trayectorias formativas que fomenten pensamiento crítico, metodologías variadas y colaboración internacional. La calidad formativa se ve erosionada cuando la investigación se reduce a requisitos académicos para la titulación en lugar de constituir una práctica profesional y colectiva.

En ese escenario, el psicopedagogo español César Coll, profesor de la Universidad de Barcelona, enfatiza que la formación docente e investigadora debe integrar “prácticas reflexivas y colaborativas que trasciendan la mera producción de tesis” (Coll, 2007), una orientación que muchas instituciones de la región todavía implementan de manera incipiente.

A nivel institucional, persiste la reproducción de modelos académicos importados sin la debida adaptación a los contextos locales. La hegemonía de ciertos paradigmas puede invisibilizar saberes locales y limitar la creatividad metodológica. Así lo plantea Boaventura de Sousa Santos, sociólogo portugués y profesor en la Universidad de Coimbra, la urgencia de “epistemologías del sur”: marcos de conocimiento que reconozcan la heterogeneidad cultural y los saberes situados de América Latina, en vez de replicar sin crítica fórmulas centro-europeas o norteamericanas (Santos, 2010).

Lo cierto es que, adoptar y fomentar epistemologías situadas permitiría investigaciones más pertinentes y con mayor capacidad de incidir en políticas públicas y prácticas pedagógicas. La relación entre investigación y política pública es otro punto crítico: la investigación educativa en la región a menudo no logra convertirse en insumo eficaz para la toma de decisiones. De igual manera, existen brechas entre la producción académica y los órganos gubernamentales encargados de la educación; además, cuando los ministerios buscan evidencia, las respuestas científicas disponibles no siempre están formuladas en términos operativos o accesibles para la gestión. Además, la UNESCO, en varios informes sobre educación en América Latina, ha llamado a fortalecer los mecanismos de vinculación entre academia y decisión pública, proponiendo marcos de cooperación que faciliten la transferencia de conocimiento y la evaluación basada en evidencia (UNESCO, 2014).

No obstante, la región muestra también signos alentadores: consolidación de redes transnacionales, aumento de publicaciones en acceso abierto, y la emergencia de líneas de investigación que privilegian la justicia social, la inclusión y la interculturalidad. Estos desarrollos demuestran que hay potencial para superar la deuda, siempre y cuando se articulen políticas coherentes financiamiento sostenido, incentivos laborales para investigadores, infraestructuras de datos y acceso a bibliografía y se promueva una cultura institucional que valore la investigación como bien público. Los desafíos son, por tanto, prácticos y conceptuales. Solo un abordaje integral permitirá que la investigación educativa deje de ser una deuda pendiente y se convierta en motor de políticas, prácticas y transformaciones educativas en toda la región.

Referencias bibliográficas

1. Coll, C. (2007). Desarrollo curricular y práctica educativa: perspectivas para la formación. Universidad de Barcelona.
2. Gentili, P. (2018). Políticas educativas y desigualdad en América Latina. Universidad del Estado de Río de Janeiro.
3. Santos, B. de S. (2010). Epistemologías del Sur: para una reforma del conocimiento y la investigación. Universidad de Coimbra / Siglo XXI Editores.
4. (2014). Hacia una educación basada en la evidencia en América Latina y el Caribe. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

El autor es Catedrático del Departamento de Evaluación e Investigación Educativa, Asistente en el Centro de Investigaciones en la Facultad de Ciencias de la Educación e Investigador adjunto al Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá.