Existe una frase que suele utilizarse para justificar determinadas conductas: “En los negocios hay que ser astuto”. Ser astuto, negociar mejor, buscar oportunidades, reducir costos e identificar las debilidades del mercado son, sin duda, habilidades legítimas. El problema comienza cuando la llamada astucia se convierte en engaño, evasión, tráfico de influencias, soborno, manipulación o utilización de estructuras empresariales para ocultar información.

La frontera entre la habilidad empresarial y la corrupción puede parecer difusa, pero existe. Y en Panamá, donde el emprendimiento constituye una importante fuente de ingresos y generación de empleo, discutir esa frontera resulta indispensable. El problema no es que un empresario quiera ganar dinero. El problema es qué está dispuesto a hacer para conseguirlo.

Un emprendedor astuto busca mejores proveedores, negocia precios, innova, mejora sus procesos, utiliza tecnología y encuentra nuevos mercados. Un emprendedor que juega sucio busca ventajas que no provienen de su productividad, sino de su capacidad para manipular las reglas.

La diferencia puede parecer pequeña en determinadas circunstancias. Un empresario que negocia un descuento está utilizando una estrategia comercial. Uno que falsifica información para obtener ese descuento está cruzando otra frontera.

Lo mismo ocurre con los impuestos. Buscar una estructura tributaria legalmente permitida forma parte de la planificación financiera. Ocultar deliberadamente ingresos o presentar información falsa para reducir obligaciones es otra cosa. Por eso, la corrupción empresarial no comienza necesariamente con un gran escándalo. Puede comenzar con una pequeña decisión que el empresario se justifica diciendo: “Esto no le hace daño a nadie”.

El peligro está precisamente en esa normalización.

En Panamá existe una expresión cotidiana que refleja una determinada manera de enfrentar los obstáculos: “resolver”. Resolver puede significar creatividad, capacidad de adaptación y búsqueda de soluciones. Son características positivas del emprendedor. Pero “resolver” también puede convertirse en una justificación para saltarse procedimientos, conseguir favores o utilizar contactos personales para obtener ventajas que otros empresarios no tienen.

Aquí aparece una pregunta fundamental: ¿cuándo resolver deja de ser creatividad y comienza a ser corrupción?

La respuesta debería estar en el criterio de igualdad. Si una estrategia permite competir mejor respetando las mismas reglas que los demás, estamos ante una práctica empresarial legítima. Si la ventaja depende de sobornar, engañar, ocultar información o utilizar indebidamente una posición de poder, estamos ante una conducta que amenaza la integridad del mercado.

Esta distinción es particularmente importante en Panamá porque la percepción internacional sobre la corrupción continúa siendo un desafío. En el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, Transparencia Internacional otorgó a Panamá 33 puntos sobre 100, ubicándolo en la posición 116 de 182 países evaluados. El índice mide la percepción de corrupción en el sector público a partir de evaluaciones de expertos y empresarios (Transparency International, 2026).

Este resultado no significa que todos los empresarios panameños sean corruptos, ni que la economía nacional funcione bajo esa lógica. Pero sí constituye una señal que debería provocar una conversación seria sobre integridad institucional y empresarial.

Cuando hablamos de corrupción pensamos inmediatamente en grandes contratos públicos, millones de dólares y funcionarios de alto nivel. Sin embargo, también existe una corrupción de pequeña escala.

Puede aparecer cuando alguien paga para acelerar un trámite, cuando un empresario utiliza información privilegiada para obtener una ventaja, cuando se manipula un proceso de contratación o cuando se utiliza una relación personal para conseguir un beneficio que no estaría disponible bajo condiciones normales.

El problema de estas prácticas es que generan una cultura en la cual el cumplimiento de las reglas comienza a verse como una desventaja. El empresario que hace las cosas correctamente puede terminar preguntándose: “¿Para qué voy a cumplir si mi competidor consigue el contrato por sus contactos?”

Ese pensamiento es particularmente peligroso porque convierte la corrupción en una estrategia racional de supervivencia.

La corrupción empresarial tampoco necesariamente se manifiesta de manera visible. Una empresa puede tener una estructura formal, estar registrada y desarrollar actividades aparentemente legítimas, pero utilizar mecanismos para ocultar quién ejerce realmente el control o quién se beneficia de determinadas operaciones.

Precisamente por eso Panamá ha fortalecido sus mecanismos de transparencia corporativa. La Ley 129 de 2020 creó el Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas. La normativa busca que la información sobre los beneficiarios finales sea cierta, correcta, verificable, actualizada y accesible para las autoridades competentes (Asamblea Nacional de Panamá, 2020).

Este mecanismo resulta fundamental porque una política anticorrupción efectiva necesita responder a la pregunta: ¿quién está realmente detrás de una empresa?

La transparencia sobre la propiedad y el control empresarial dificulta que las personas jurídicas sean utilizadas como instrumentos para ocultar operaciones, recursos o relaciones que deberían ser conocidas por las autoridades.

La corrupción no solamente afecta al Estado. También perjudica directamente al empresario honesto. Imaginemos a dos empresas que participan en una contratación. Una presenta una propuesta técnicamente sólida y financieramente competitiva. La otra tiene mejores conexiones y utiliza mecanismos indebidos para influir en la decisión.

¿Quién gana?

Si gana la segunda, el mercado deja de premiar la eficiencia y comienza a premiar la influencia.

Esto tiene consecuencias profundas. Los empresarios honestos pierden incentivos para invertir, innovar y competir. Los jóvenes emprendedores aprenden que el éxito depende más de los contactos que del conocimiento. Y los consumidores terminan pagando las consecuencias mediante precios más altos, menor calidad o servicios deficientes.

La corrupción, por tanto, distorsiona el mecanismo básico de una economía de mercado: la competencia.

No podemos atribuir toda la responsabilidad al Estado. Las empresas tienen una obligación ética frente a la sociedad. La legislación panameña en materia de prevención del blanqueo de capitales ha ampliado el marco de supervisión y establece categorías de sujetos obligados no financieros, incluyendo determinadas actividades profesionales y empresariales (República de Panamá, 2015).

Estas medidas responden a una realidad internacional: los sistemas empresariales y financieros pueden ser utilizados indebidamente para ocultar recursos provenientes de actividades ilícitas.

Pero las normas, por sí solas, no son suficientes. La verdadera transformación comienza cuando el empresario comprende que la rentabilidad no puede separarse de la responsabilidad.

Una empresa puede ganar dinero y, al mismo tiempo, actuar con transparencia. Puede crecer sin sobornar. Puede competir sin engañar. Puede utilizar sus contactos para establecer relaciones comerciales, pero no para manipular procesos. Puede ser agresiva comercialmente sin abandonar sus principios.

Eso también es estrategia empresarial.

Pero entonces ¿dónde termina la astucia? La respuesta es sencilla, aunque aplicarla puede ser difícil: La astucia termina donde comienza el engaño deliberado y la corrupción comienza cuando la ventaja económica depende de vulnerar las reglas, abusar del poder o perjudicar deliberadamente a otros.

Negociar no es corrupción. Mentir para obtener una ventaja sí puede serlo.

Reducir costos no es corrupción. Evadir deliberadamente obligaciones mediante mecanismos ilícitos sí puede serlo.

Construir relaciones profesionales no es corrupción. Utilizar influencias indebidas para obtener beneficios exclusivos sí puede serlo.

Competir agresivamente no es corrupción. Manipular el mercado o comprar voluntades para eliminar competidores sí puede serlo.

Panamá necesita emprendedores capaces de comprender esta diferencia.

El Índice de Percepción de la Corrupción 2025 muestra que la región americana enfrenta importantes desafíos en materia de integridad y que los niveles de corrupción siguen afectando la confianza institucional (Transparency International, 2026).

Por eso, la discusión sobre corrupción no puede quedarse únicamente en los funcionarios públicos. También debe llegar a las empresas, universidades, gremios profesionales y escuelas de negocios.

Necesitamos formar emprendedores que entiendan que ser competitivo no significa ser tramposo; que negociar no significa manipular; que tener contactos no significa utilizarlos indebidamente y que buscar rentabilidad no significa renunciar a la ética.

Al final, la verdadera astucia empresarial consiste en encontrar oportunidades sin destruir las reglas que hacen posible que otros también puedan competir.

Porque un empresario puede ganar un contrato haciendo trampa. Puede aumentar sus ganancias mediante el engaño. Puede incluso construir una empresa aparentemente exitosa.

Pero si para crecer necesita corromper el entorno en el que opera, la pregunta ya no es cuánto está ganando.

La pregunta es ¿qué clase de empresa está construyendo y qué tipo de economía está ayudando a construir.?

La autora es docente en el CRUPE

Referencias

Asamblea Nacional de Panamá. (2020). Ley 129 de 17 de marzo de 2020, que crea el Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas. República de Panamá.

República de Panamá. (2015). Ley 23 de 27 de abril de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. República de Panamá.

Transparency International. (2026). Índice de Percepción de la Corrupción 2025. Transparency International.