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Propuesta académica plantea la urgencia y el modelo para implementar un Seguro de Desempleo en Panamá

Por: Itzel Campos | Publicado el: 16 julio 2026 | Fotografía: Ilustrtiva




En respuesta a una realidad donde aproximadamente el 50% de la Población Económicamente Activa (PEA) en Panamá enfrenta inestabilidad y carencias laborales, una reciente investigación académica propone la creación de un Seguro de Desempleo de cobertura universal para el sector formal. La propuesta se presenta como un pilar indispensable para avanzar hacia un Estado de Bienestar más inclusivo y saldar un mandato constitucional largamente postergado en el país.

Viabilidad financiera: Cuatro fuentes de recursos públicos

Uno de los mayores desafíos históricos para la implementación de esta medida ha sido su sostenibilidad económica. Los autores del estudio detallan un esquema de financiamiento estructurado en cuatro fuentes clave, diseñado para no sobrecargar el bolsillo de la clase trabajadora:

  • Aportaciones estatales: Con cargo directo al Tesoro Nacional.

  • Aportes corporativos: Cuotas procedentes de las utilidades de las empresas activas y aportaciones de los trabajadores.

  • Excedentes del Canal: Recursos provenientes de los aportes de la franja canalera.

  • Recuperación fiscal: El uso de los dineros recuperados de la evasión y elusión tributaria —estimada en $8,000 millones de balboas anuales— junto con el control de la evasión del pago del ITBMS, proyectada en unos $3,300 millones de balboas.

El modelo propone que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) lidere el control principal del sistema, con la opción de apoyarse en aseguradoras para la gestión operativa de los fondos.

Condiciones de acceso, obligaciones y penalizaciones contra el "Riesgo Moral"

La investigación subraya la necesidad de establecer controles estrictos para contrarrestar el llamado moral hazard (riesgo moral) o la selección adversa, evitando que el beneficio desincentive la búsqueda activa de empleo.

Requisitos indispensables para aplicar:

Para acceder al beneficio, el desempleado debe ser de nacionalidad panameña, tener entre 18 y 65 años, haber acumulado al menos 6 meses continuos de salario antes del cese, no recibir otras ayudas sociales ni ser jubilado. Asimismo, se exige que la desvinculación no haya sido por renuncia voluntaria ni por mutuo acuerdo, y el solicitante deberá presentar una declaración bajo juramento garantizando la veracidad de sus datos.

Obligaciones y capacitación obligatoria:

El beneficiario tiene el deber de buscar empleo activamente, asistir a las ferias laborales de MITRADEL y aceptar ofertas dignas. Además, se establece la obligatoriedad de tomar capacitaciones impartidas por instituciones como el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), el MITRADEL o la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT).

Esquema de penalizaciones:

El incumplimiento de las normas conlleva duras sanciones escalonadas:

  1. Primera falta: Suspensión del beneficio por 3 meses.

  2. Segunda falta: Suspensión por 6 meses.

  3. Tercera falta: Pérdida total del beneficio e inhabilitación para volver a aplicar durante un período de 12 meses.

Estimación de costos y proyección económica

Utilizando un desarrollo en lenguaje Java y cruzando datos preliminares de la Dirección de Planificación del MITRADEL (tomando como referencia la suspensión de 143,949 contratos y un salario promedio de B/. 735.40), los autores calcularon el Monto Global del Seguro de Desempleo ($M.G.S.D.$) según el tiempo promedio de duración del beneficio ($k$):

Tiempo Promedio (k en meses) Costo Global Estimado (en Balboas)
3 meses B/. 317,580,283
6 meses B/. 635,160,568
9 meses B/. 952,740,851

Esta propuesta científica demuestra que la implementación de un seguro de desempleo en Panamá no es un privilegio de pocos, sino un derecho humano fundamental y una herramienta de estabilización macroeconómica urgente. El estudio queda a disposición de los tomadores de decisiones como una hoja de ruta con base técnica para reducir la vulnerabilidad social en nuestro país.


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