Un juez de garantías concedió libertad condicional y reporte periódico a los cinco estudiantes de la Universidad de Panamá que comparecieron ante el Ministerio Público, tras ser requeridos por su presunta participación en las protestas del pasado 31 de enero. Además de la prohibición de salida del país, los jóvenes deberán firmar cada 15 y 30 de mes y evitar cualquier contacto con las presuntas víctimas, mientras avanza la investigación.

Desde el inicio del proceso, las máximas autoridades de la Universidad de Panamá han expresado su firme respaldo a los estudiantes, insistiendo en que su participación en la protesta fue pacífica. El rector encargado, José Emilio Moreno, reiteró que la comunidad universitaria "siempre defenderá el derecho a la libre expresión y a la protesta pacífica”, enfatizando que los jóvenes no deben ser criminalizados por manifestarse en defensa de causas nacionales.

La protesta, organizada en rechazo a la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, derivó en un confuso enfrentamiento entre manifestantes y unidades policiales. Mientras los estudiantes denuncian la agresión a una mujer por parte de un agente, la Policía sostiene que uno de sus oficiales fue atacado. En paralelo, el pasado 4 de febrero, se dictaron medidas de reporte periódico y restricción de salida a dos personas imputadas por presuntas lesiones personales y obstrucción de la labor policial.

Por su parte, Joiner Sánchez, uno de los estudiantes involucrados, rechazó ser señalado como violento y aseguró que "jamás se arrepentirá de defender la patria". En la misma línea, el rector Moreno subrayó que la Universidad de Panamá seguirá respaldando a sus estudiantes y velando por el respeto de sus derechos, destacando que históricamente la institución ha sido un bastión en la lucha por la soberanía y la justicia social.