En una sesión cargada de tono político y reivindicativo, el Consejo General Universitario (CGU) de la Universidad de Panamá (UP) se convirtió este miércoles en el escenario de un llamado a la unidad para defender una conquista laboral de medio siglo: el bono de fin de año. La intervención del secretario general del sindicato Sintup, Damián Espino, y los reveladores detalles administrativos expuestos por el rector Eduardo Flores Castro, pintaron un cuadro complejo donde la lucha gremial choca con las restricciones fiscales del Estado.

Un bono con historia y bajo amenaza

Damián Espino, en un discurso firme y ante la atenta mirada de docentes y administrativos, recordó los orígenes del beneficio. “El primer pago de ese bono fue por 60 balboas, solamente”, afirmó, para luego subrayar su carácter de conquista histórica. “Nos negamos a aceptar la estrechez de nuestra conquista”, declaró, advirtiendo con tono combativo que “nos la van a intentar arrebatar, pero nosotros vamos a pelear”.

El líder sindical fundamentó su exigencia en que el bono está incluido en un convenio colectivo ya publicado en Gaceta Oficial y reconocido por el Ministerio de Trabajo, instrumentos que, recordó, son “de obligatorio cumplimiento por los estados del mundo entero”. Su petición central al CGU fue clara: ratificar el Acuerdo 21-25CF del Consejo Administrativo, tomado el 26 de noviembre, que aprueba por unanimidad gestionar el pago ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

"Sabemos que se están haciendo evidencias por parte de diferentes organizaciones y de la Administración”, señaló Espino, instando a la comunidad universitaria a cerrar filas frente a los “negros nubarrones” que, a su juicio, se ciernen sobre la educación superior.

La crónica del trámite

La respuesta del rector Eduardo Flores Castro fue una exposición detallada de las gestiones y obstáculos encontrados. Reveló que, siguiendo la práctica de años anteriores, desde marzo de 2024 la administración universitaria inició las solicitudes mensuales de traslado de partida ante la Asamblea Nacional para acumular los fondos.

“Los primeros 299,000 dólares los aprobaron”, afirmó categóricamente. Mes a mes, según su relato, se repitió la solicitud sin obtener respuesta. La situación se agravó a mitad de año con la “contención del gasto” decretada a nivel nacional, y el cierre anticipado del presupuesto en julio-agosto.

Flores Castro aclaró un punto crucial: el dinero sí existe en los fondos de la universidad. El monto total requerido para el bono es de 2.4 millones de dólares. De estos, ya se tienen acumulados cerca de 300,000. La brecha restante,  2.1 millones de dólares, está disponible en las cuentas universitarias, pero requiere una autorización de traslado.

“Lo único que hace falta es… que el MEF eleve a la Comisión del Presupuesto el traslado de partida”, explicó. Al no poder hacerse de forma fraccionada, ahora se necesita una aprobación única por ese monto. El rector se mostró optimista ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, con la que dice tener buen vínculo, pero remarcó que el paso previo depende del Ejecutivo.

Unidad y ratificación

Frente a este panorama, el rector Flores Castro respaldó la petición sindical. Consideró que la ratificación por parte del CGU, aunque no es un requisito legal (ya que corresponde al Consejo Administrativo), tiene un valor político positivo. “No tiene nada de malo que el CGU también ratifique… y que reitere la solicitud de traslado”, afirmó, sometiendo el punto a votación.

La comunidad universitaria, a través de su máximo órgano de cogobierno, el CGU, aprobaron a dar un espaldarazo unánime a la presión para que el MEF envíe el trámite a la Asamblea. Mientras, el rector deberá navegar entre la presión interna y las negociaciones con el gobierno, buscando destrabar los 2.1 millones que separan a miles de docentes y administrativos de su bono de fin de año.